La cantidad de puntos de venta de lotería que operan en República Dominicana superaría los 100.000, muy por encima de los 30.750 permisos formalmente otorgados para bancas, según estimó el abogado especializado en juegos de azar José Castillo. A esa cifra se sumarían unas 25.000 máquinas o dispositivos que comercializan números sin ningún tipo de autorización, un volumen que da una idea de la brecha que existe entre la actividad formal y la que hoy escapa a cualquier registro oficial.
Ese diagnóstico sobre el tamaño de la informalidad fue el punto de partida que usó Castillo para respaldar el proyecto de ley que actualmente analiza el Congreso dominicano y que busca establecer, por primera vez, un marco regulatorio integral para el sector del juego en el país. Para el abogado, la magnitud de esa brecha es en sí misma la evidencia más clara de que el esquema normativo vigente dejó de ser suficiente.
Un sector regulado hasta ahora por normas dispersas
Castillo explicó que República Dominicana nunca contó con una ley general dedicada específicamente a los juegos de azar. En su lugar, la actividad quedó regulada mediante disposiciones incluidas en leyes de presupuesto, decretos y resoluciones puntuales, un esquema fragmentado que se fue construyendo con el tiempo sin responder a una lógica unificada.
Esta dispersión normativa, sumada al volumen de puntos de venta no autorizados, es lo que —según su lectura— justifica la necesidad de una legislación específica capaz de ordenar el funcionamiento de los operadores y reforzar la fiscalización de loterías y apuestas. El abogado planteó que este tipo de vacíos no solo afecta la capacidad de control del Estado, sino que también perjudica de manera directa a los operadores que sí cumplen con sus obligaciones fiscales, al competir en desventaja frente a quienes operan al margen de cualquier registro.
Apoyo con reparos: los puntos que Castillo pidió corregir
El especialista realizó sus declaraciones durante una entrevista en el programa 55 Minutos, donde también diferenció el funcionamiento de las bancas deportivas frente a las agencias hípicas, dos actividades que —aclaró— están sujetas a marcos regulatorios distintos entre sí y que, por lo tanto, no deberían tratarse como un bloque homogéneo dentro de la futura ley.
Pese a respaldar el avance del proyecto en el Congreso, Castillo fue enfático en que el texto «contiene errores y disposiciones que deberían ser modificadas» antes de su implementación. Aclaró, de todas formas, que las disposiciones incluidas en la iniciativa no implicarían necesariamente un agravamiento de los problemas que ya enfrenta el sector, lo que sugiere que sus objeciones apuntan más a mejorar el texto que a frenar su aprobación.
Entre sus observaciones, pidió incorporar reglas más estrictas para controlar a los establecimientos que operan fuera del marco legal, garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del sector y crear mecanismos específicos de protección para menores de edad frente a los juegos de azar. Este último punto lo planteó como una prioridad dentro del conjunto de ajustes que, a su criterio, el Congreso debería revisar antes de que la ley entre en vigencia.
La propuesta de una autoridad reguladora única
Como parte de la nueva arquitectura institucional, Castillo propuso la creación de una Dirección General de Juegos de Azar que concentre y fortalezca las tareas de fiscalización, hoy repartidas entre distintas normas y organismos sin una coordinación clara entre sí. A su juicio, contar con una autoridad única facilitaría el seguimiento de los operadores formales y daría al Estado una herramienta más efectiva para actuar sobre los que funcionan sin autorización.
Aun con esas objeciones, insistió en que el Congreso debería aprobar la iniciativa y dejar abierta la puerta a modificaciones posteriores, una postura que refleja una lectura pragmática: para el abogado, es preferible contar con una ley perfectible que sostener indefinidamente el vacío normativo actual.
Un régimen de descuentos fiscales para operadores que se regularicen
Mientras el debate legislativo continúa, el propio proyecto de ley contempla un mecanismo que podría incentivar la formalización del sector: el artículo 192 crea un «Régimen especial de descuentos» que permitiría a determinados operadores reducir las deudas acumuladas por impuestos y tasas hasta diciembre de 2025, siempre que completen su proceso de regularización y registro.
La administración de este beneficio quedaría en manos de la futura Dirección General de Juegos de Azar, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Economía y la Dirección General de Impuestos Internos, los organismos llamados a verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al descuento. Este tipo de mecanismos suele buscar un doble objetivo: reducir la morosidad acumulada y, al mismo tiempo, atraer hacia el registro formal a operadores que hasta ahora prefirieron mantenerse fuera del sistema.
