En Uruguay, el secretario ejecutivo de la Cámara Uruguaya de Operadores y Arrendadores de Servicios de Casino y Salas de Esparcimiento (CUOASEC), Luis Gama, reclamó la construcción de un marco regulatorio moderno para la industria del juego en Uruguay, advirtiendo que los esquemas normativos vigentes fueron diseñados para una realidad que ya no existe.
En una columna de opinión publicada un medio uruguayo, Gama sostuvo que la transformación tecnológica y la expansión de las plataformas digitales han modificado en profundidad los hábitos de los jugadores, mientras la legislación uruguaya sigue apoyándose en normas concebidas para un contexto diferente. A su juicio, esa brecha ha facilitado el crecimiento de la oferta no autorizada y ha reducido la presencia efectiva del Estado en segmentos clave del mercado.
La falta de regulación empuja el juego hacia la ilegalidad
Gama subrayó que la ausencia de un marco normativo actualizado no elimina la actividad, sino que la desplaza hacia circuitos informales donde no existen mecanismos de protección para los usuarios ni políticas de juego responsable. El objetivo de regular, precisó, no es expandir la actividad sin límites, sino ordenar un mercado que ya existe y dotar al Estado de las herramientas necesarias para fiscalizarlo con eficacia.
El fenómeno no es exclusivo de Uruguay. En varios países de América Latina, la demora en actualizar marcos legales ha generado ecosistemas de operación paralela donde los usuarios quedan expuestos a plataformas sin controles de identidad, sin límites de apuesta y sin acceso a mecanismos de autoexclusión. La experiencia regional indica que cada año de inacción normativa se traduce en una consolidación mayor de los operadores informales y en una pérdida progresiva de recaudación fiscal.
El representante de CUOASEC identificó específicamente el juego online y los tragamonedas barriales como los segmentos donde la insuficiencia de oferta legal competitiva ha permitido que operadores no autorizados consoliden su posición. Regular ambas modalidades, señaló, es condición indispensable para que el Estado recupere terreno frente a quienes operan fuera del sistema fiscalizado.
Una legislación que involucre a todos los actores del sector
Gama advirtió que el proceso legislativo requiere la participación de todos los actores involucrados, dado que las decisiones normativas tienen consecuencias económicas, sociales y operativas que no pueden ignorarse. «Legislar no es un acto neutro: toda decisión normativa tiene consecuencias económicas, sociales y operativas que no deben perderse de vista», expresó.
El dirigente también indicó que las empresas formales del sector cumplen con obligaciones fiscales, laborales y técnicas, y desarrollan programas de juego responsable y prevención del lavado de activos. En ese sentido, advirtió que modificar el equilibrio actual sin criterios técnicos podría ampliar, en lugar de reducir, el espacio ocupado por el juego ilegal. «Legislar mal o legislar ignorando la realidad del mercado sería un error con consecuencias difíciles de revertir», señaló.
La advertencia apunta a un riesgo concreto: una regulación excesivamente restrictiva o diseñada sin considerar la competitividad del mercado legal puede desincentivar la migración de usuarios desde plataformas no autorizadas, neutralizando el principal objetivo de la reforma. La canalización efectiva de la demanda hacia el mercado regulado depende, en buena medida, de que la oferta legal resulte accesible y atractiva.
Un sector con más de $600 millones en inversiones y 20.000 empleos
Más allá del debate normativo, Gama aportó datos sobre el peso económico del sector formal. Las empresas nucleadas en CUOASEC han invertido más de $600 millones y generan alrededor de 20.000 empleos directos e indirectos. Actividades vinculadas, como el turf, involucran además a unas 50.000 familias, lo que amplía considerablemente el alcance social de la industria.
Para el secretario ejecutivo de la cámara, estos números demuestran que el sector puede ser parte de la solución, siempre que exista un marco normativo estable y previsible. Mantener esquemas regulatorios fragmentados, concluyó, equivale a aceptar la ausencia del Estado en áreas donde debería ejercer control pleno.
Uruguay frente a la experiencia regional e internacional
Gama cerró su argumentación con una referencia directa a experiencias internacionales y regionales donde los mercados regulados lograron reducir la oferta ilegal y aumentar la recaudación fiscal. Países como Colombia, Argentina y España han avanzado en marcos de licenciamiento online que combinan exigencias técnicas estrictas con condiciones que hacen viable la operación formal. En todos los casos, el punto de partida fue reconocer que posponer la regulación no contenía el crecimiento del mercado, sino que simplemente lo dejaba fuera del alcance del Estado.
