El Congreso de Chile recibió un nuevo proyecto de ley orientado a endurecer los controles sobre las plataformas de apuestas en línea. La iniciativa, presentada por los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Marco Antonio Sulantay y Ximena Naranjo, exige que todos los operadores que prestan servicios en el país incorporen sistemas de registro biométrico como condición para permitir el acceso de sus usuarios.
El objetivo declarado es técnico y concreto: cerrar la brecha entre la prohibición formal del acceso de menores y su eficacia real. «Hoy existe una prohibición en el papel, pero en la práctica cualquier menor puede acceder a este tipo de plataformas y apostar online», señalaron los impulsores de la propuesta.
La identificación biométrica como herramienta de control efectivo
La propuesta surge en respuesta a lo que los parlamentarios identifican como una falla estructural del sistema vigente: las restricciones de edad no cuentan con mecanismos de verificación que resulten difíciles de eludir. Frente a eso, la biometría —reconocimiento facial o de huella dactilar vinculado a registros de identidad oficial— aparece como una solución técnica capaz de hacer efectiva la prohibición existente.
«Es absolutamente urgente que exijamos por ley que se establezcan mecanismos reales de verificación, como son los registros biométricos», afirmaron Sulantay y Naranjo, quienes también llamaron a no perder de vista los efectos sociales del juego en línea, en particular la ludopatía entre jóvenes y adolescentes.
La propuesta se presenta además en un contexto en que el proyecto de ley marco para el juego online —ingresado al Congreso en 2022 y aprobado en general por la Comisión de Hacienda del Senado en agosto de 2025— ya contempla la identificación biométrica dentro de su política nacional de juego responsable, aunque aún no ha completado su segundo trámite constitucional.
El trasfondo: la resolución del SII que reabrió el debate
La presentación del proyecto coincidió con la polémica generada por la Resolución Exenta N.º 69 de 2026 del Servicio de Impuestos Internos (SII), que crea un mecanismo para que las plataformas de apuestas online extranjeras —sin domicilio ni residencia en Chile— se inscriban y paguen el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por las operaciones realizadas con usuarios chilenos.
El SII aclaró que la resolución tiene un alcance exclusivamente tributario y no supone un pronunciamiento sobre la legalidad de estas actividades, materia que corresponde a otras reparticiones del Estado. Sin embargo, la medida generó reacciones opuestas en la industria.
La Asociación Chilena de Casinos de Juego cuestionó la resolución al considerar que podría interpretarse como una validación implícita de operadores que aún no cuentan con autorización expresa para funcionar en el país. En sentido contrario, la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (APAL) valoró la decisión como un avance hacia la certeza jurídica y el fortalecimiento de la recaudación fiscal.
Un marco regulatorio que avanza en paralelo
Chile se encuentra en una fase crítica de definición de su modelo de regulación para el juego online. El proyecto de ley que establece un sistema formal de licencias y mecanismos para combatir la operación ilegal fue aprobado en términos generales en agosto de 2025 y continúa su tramitación en el Senado. La iniciativa contempla, entre otros elementos, un impuesto específico del 20% sobre los ingresos brutos de las operadoras, una tasa adicional del 1% destinada al juego responsable, y restricciones sobre publicidad para plataformas sin licencia vigente.
En ese escenario, la propuesta de Sulantay y Naranjo no reemplaza ni duplica ese marco, sino que lo complementa desde el ángulo del control de acceso. Mientras el proyecto principal define quién puede operar y bajo qué condiciones, la iniciativa biométrica apunta a garantizar que quienes accedan a esas plataformas sean efectivamente mayores de edad, independientemente de si el operador cuenta o no con autorización formal.
El conjunto de iniciativas refleja la acumulación de presión legislativa sobre un sector que en Chile opera en un vacío regulatorio de más de tres años, durante los cuales el debate parlamentario avanzó de forma fragmentada mientras la industria se expandió sin un marco de licencias vigente.
