La expectativa era enorme. Tailandia llevaba más de tres años analizando la posibilidad de legalizar el juego en un entorno controlado, dentro de resorts turísticos integrados. El llamado “Entertainment Complex Act”, debatido por el Parlamento desde 2023, contemplaba permitir la instalación de casinos legalizados en zonas como Bangkok, Pattaya, Phuket o Chiang Mai, acompañados de hoteles, centros de convenciones, zonas comerciales y atracciones culturales.
La idea había logrado respaldo de varios ministerios clave y generaba interés de inversionistas internacionales. Sin embargo, en una decisión tomada a mediados de julio de 2025, el gobierno anunció la suspensión indefinida del proyecto, citando la necesidad de realizar nuevas evaluaciones sociales y financieras. La noticia fue confirmada por el Ministerio de Finanzas y amplificada por medios locales e internacionales.
Oposición social, dudas éticas y presión religiosa
Aunque el proyecto prometía transformar a Tailandia en un nuevo polo turístico global, la oposición fue inmediata. Grupos religiosos budistas, asociaciones de prevención de adicciones y partidos conservadores levantaron la voz contra lo que consideran una puerta abierta a la corrupción, la ludopatía y el colapso del tejido social.
«Legalizar los casinos no resolverá nuestros problemas económicos, solo los trasladará al plano moral y sanitario», advirtió el Movimiento por la Salud Pública en una carta dirigida al Parlamento.
Además, se cuestionó la falta de una política clara para mitigar los efectos colaterales del juego: protección de consumidores vulnerables, control de lavado de dinero, fiscalización del ingreso de menores y prevención de fraudes financieros.
El impacto económico que se deja en pausa
El plan inicial preveía abrir el primer resort integrado en 2029, con un marco de licencias públicas altamente reguladas. Según estudios preliminares del National Economic and Social Development Council (NESDC), un solo complejo podría generar entre USD 2.800 y USD 3.500 millones anuales en ingresos brutos por juego, sin contar el efecto dominó en infraestructura, hotelería, transporte, empleo y turismo extranjero.
Además, los ingresos fiscales proyectados superarían los USD 700 millones anuales, recursos que se planteaban destinar al sistema de salud, educación y proyectos de innovación urbana.
Intereses internacionales y capital en espera
Distintos operadores globales con experiencia en Macao, Singapur y Las Vegas habían manifestado su intención de ingresar al mercado tailandés. Entre ellos se mencionaban nombres como Galaxy Entertainment Group, Las Vegas Sands y MGM Resorts. Algunas de estas compañías ya habían iniciado estudios de factibilidad, con planes de inversión que rondaban los USD 5.000 millones por proyecto.
La suspensión del proyecto reconfigura el mapa regional. Mientras Filipinas, Vietnam y Camboya avanzan en su consolidación como hubs de juego en Asia, Tailandia retrasa su entrada, aun cuando su potencial turístico y su conectividad internacional podrían posicionarlo rápidamente entre los destinos top del continente.
Un debate aún abierto en Tailandia
Pese a la pausa oficial, el gobierno dejó abierta la posibilidad de reactivar el proyecto con ajustes. Entre ellos se estudian:
- Restricciones de acceso para ciudadanos tailandeses.
- Un porcentaje obligatorio de propiedad nacional en cada proyecto.
- Creación de una Autoridad de Juego supervisada por el Parlamento.
- Distribución del 30% de ingresos fiscales a gobiernos locales.
Tampoco se descarta convocar una consulta ciudadana no vinculante, medida que permitiría medir el respaldo real de la población y reducir los costos políticos de una decisión tan divisiva.
Tailandia pospone su entrada al juego regulado
Por ahora, Tailandia retrasa su incursión formal en el sector de casinos integrados, manteniéndose como uno de los pocos países del sudeste asiático donde el juego sigue mayoritariamente prohibido. Mientras tanto, los ciudadanos continúan accediendo a plataformas offshore o viajando a países vecinos para jugar, sin que el Estado perciba ingresos por ello.
El caso tailandés ilustra el dilema que enfrentan muchas economías emergentes: cómo equilibrar desarrollo económico con responsabilidad social. La oportunidad de crecer está ahí. Pero también los riesgos.
