En Costa Rica, la Junta de Protección Social de Costa Rica intensificó su llamado a los legisladores para priorizar la aprobación del Proyecto de Ley 25.057, una iniciativa que busca actualizar un marco jurídico vigente desde 1952 y que, según la entidad, ha quedado rebasado frente a las nuevas modalidades delictivas vinculadas al sector del juego.
Vacíos legales de más de medio siglo facilitan actividades ilícitas
La normativa actual data de hace más de cinco décadas, lo que ha generado brechas que permiten la proliferación de operaciones no autorizadas. El regulador advierte que estas deficiencias facilitan que estructuras criminales utilicen el mercado informal para presuntas actividades de lavado de dinero y financiamiento ilícito.
El proyecto fue presentado en junio con respaldo de más de diez diputaciones y actualmente se encuentra en análisis en la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, donde está próximo a ser dictaminado.
Impacto económico del mercado ilegal en Costa Rica
La falta de regulación en Costa Rica provoca que la institución pierda cerca del 52% de sus ingresos potenciales, recursos destinados al financiamiento de programas sociales y de salud pública. Las autoridades estiman que las pérdidas anuales por ventas ilegales alcanzan cifras significativas que dejan de contribuir al bienestar social.
La competencia desleal generada por operadores no regulados afecta directamente la comercialización oficial establecida en la Ley 8718, que otorga exclusividad a la JPS en materia de loterías y juegos de azar para garantizar que los recursos se destinen a fines sociales.
Sanciones económicas y penales para operadores ilegales
El proyecto contempla un esquema dual de sanciones en Costa Rica. Para quienes vendan o comercialicen loterías impresas, electrónicas, apuestas deportivas o videoloterías sin autorización, se establecen multas económicas que oscilan entre cinco y diez salarios base mensuales, equivalentes a un rango aproximado de 800 a 4.000 dólares.
Para quienes organicen, administren u operen estos productos de forma ilegal con fines de lucro, se contempla pena de prisión de dos a seis años. Esta medida busca desincentivar las operaciones a gran escala que desvían recursos del sistema solidario hacia intereses privados.
Inclusión del entorno digital en el marco regulatorio
Una de las innovaciones del proyecto es la incorporación explícita de plataformas digitales, aplicaciones móviles y sistemas electrónicos dentro del ámbito de regulación. Esta actualización cierra brechas normativas frente a los juegos online no autorizados, un fenómeno que se ha expandido significativamente en años recientes.
La iniciativa también establece la figura del título habilitante como requisito obligatorio para autorizar a operadores regulados, incorporando mecanismos claros de control y supervisión estatal. Esto permitiría al gobierno rastrear operaciones y verificar el cumplimiento de requisitos de transparencia y responsabilidad.
Fortalecimiento institucional del regulador
La propuesta busca dotar al organismo de nuevas herramientas legales y administrativas para enfrentar de forma más eficaz la venta y operación ilegal de productos de azar. El fortalecimiento contempla mejoras en la capacidad de administración, fiscalización, concesión y comercialización de productos como loterías, apuestas deportivas y videoloterías.
El proyecto también faculta a la JPS, al Poder Ejecutivo y a las autoridades policiales para aplicar medidas de bloqueo de acceso a sitios web, restricción de flujos financieros y prohibición de comunicaciones comerciales o publicidad de juegos no autorizados.
Protección al consumidor y transparencia en operaciones
La reforma establece principios de legalidad, transparencia, equidad y responsabilidad para el desarrollo de actividades relacionadas con juegos de azar. Esto incluye mecanismos de supervisión más eficaces que protejan a los ciudadanos de posibles fraudes y aseguren condiciones justas de participación.
Los defensores del proyecto argumentan que defender la legalidad en este sector es defender la solidaridad y el impacto social que la JPS ha sostenido durante 180 años de historia institucional. Los recursos generados por la comercialización oficial se destinan a programas de ayuda social, salud y apoyo a poblaciones vulnerables.
Respuesta ante crecimiento sostenido de operaciones ilegales
La iniciativa legislativa surge como respuesta al crecimiento que han experimentado las actividades ilegales vinculadas a los juegos de azar en territorio costarricense. El mercado informal opera actualmente sin regulación específica, situación que las autoridades consideran representa un riesgo para la seguridad pública y la equidad en el uso de recursos.
La modernización del marco legal busca establecer responsabilidades claras y ordenar un sector considerado vulnerable ante la ausencia de controles efectivos. Los proponentes del proyecto confían en que la Asamblea Legislativa avance con celeridad en su aprobación, dado el impacto directo que tiene sobre el financiamiento de programas sociales prioritarios.
Excepciones para organizaciones benéficas
El proyecto mantiene excepciones para rifas o bingos realizados por escuelas, asociaciones de desarrollo y entidades de bien social, siempre y cuando cuenten con la autorización correspondiente de la JPS. Esta disposición reconoce la labor de organizaciones comunitarias que utilizan estos mecanismos para recaudación de fondos con fines benéficos.
Las municipalidades también tendrían facultades para aplicar sanciones administrativas a propietarios o administradores de establecimientos donde se lleven a cabo actividades no autorizadas, reforzando el control territorial sobre estas operaciones.
