La Oficina de Derecho Administrativo de California (OAL) aprobó la semana pasada dos paquetes de regulaciones que cambiarán de forma significativa la operación de las salas de cartas del estado. Los cambios entran en vigor el 1 de abril, y los establecimientos tendrán hasta el 31 de mayo para presentar nuevos planes de cumplimiento.
Las reformas afectan dos áreas: las reglas del blackjack y la figura de los proveedores externos de jugadores de proposición (TPPP, por sus siglas en inglés), contratistas que actúan como jugadores-crupieres en las mesas y cuya práctica las tribus californianas llevan años señalando como ilegal.
¿Qué cambia para los jugadores-crupieres en California?
Bajo las nuevas normas, cualquier persona que asuma el rol de jugador-crupier debe permanecer sentado en la mesa en todo momento, y su posición debe ofrecerse a todos los jugadores antes de cada mano, con visibilidad ante las cámaras de vigilancia. Cada mesa deberá exhibir un aviso que explique el derecho de cualquier jugador a asumir ese rol, con la condición de que no puede ganar ni perder más de lo apostado.
El rol de jugador-crupier deberá rotar entre al menos dos jugadores distintos del TPPP cada 40 minutos, o el juego terminará. Si el TPPP actúa como jugador-crupier, la siguiente rotación debe pasar a otro jugador. Además, solo se permite un TPPP por mesa, y estos únicamente pueden aceptar y liquidar apuestas cuando desempeñen este rol.
El blackjack como lo conocemos desaparece en salas de cartas
Los cambios en el blackjack son igualmente profundos. Los juegos ya no podrán incluir la regla del «pasarse», por la que un jugador pierde automáticamente si supera 21 puntos. Las ganancias y pérdidas se determinarán según qué mano se acerque más al puntaje objetivo, y ese objetivo no podrá ser 21. En consecuencia, nadie ganará automáticamente al llegar a esa cifra.
En caso de empate, ganará el jugador en lugar de declararse sin acción, como ocurría hasta ahora. Y ningún juego podrá usar las palabras «21» o «blackjack» en su nombre.
Estas modificaciones generaron rechazo inmediato en el sector. En una protesta en octubre en el centro de Los Ángeles, la alcaldesa de Compton, Emma Sharif, advirtió que «las ciudades de todo el condado de Los Ángeles dependen de los ingresos del blackjack para sobrevivir». Nary Chin, crupier del Gardens Casino, expresó que su trabajo va más allá de un empleo: «Sin nuestra sala de cartas, no creo que estaría aquí hoy».
Un proceso largo y disputado
El proceso de elaboración de las normas comenzó informalmente en 2023 y se formalizó durante 2024. En mayo de ese año se realizaron dos audiencias públicas, y el estado recibió 1.764 comentarios sobre ambos paquetes. Sin embargo, el Departamento de Justicia de California indicó que esos comentarios no modificaron de manera sustancial las regulaciones, y la OAL no solicitó audiencias adicionales ni presentó enmiendas.
La Asociación de Juegos de California (CGA), que representa al sector, calificó los cambios de «devastadores». Su presidente, Kyle Kirkland, los describió como «un giro radical de 180 grados en la interpretación de la ley» y anunció que las salas «no están listas para rendirse», con posibles acciones legales en curso.
Tribus y salas se acusan mutuamente
Detrás de las nuevas reglas hay una disputa de fondo. Las tribus californianas obtuvieron la exclusividad sobre los juegos de banca —conocidos como Clase III— con la aprobación de la Proposición 1A en el año 2000. Las salas de cartas, que solo pueden ofrecer juegos entre pares, desarrollaron los TPPP como un mecanismo para ampliar su oferta y aumentar ingresos. Las tribus argumentan que esa práctica viola su exclusividad constitucional.
La tensión política es evidente: según la plataforma CalMatters, las tribus han gastado aproximadamente seis veces más que las salas en elecciones estatales desde 2014, aunque las salas figuran entre los principales clientes de cabildeo del estado. El Fiscal General Rob Bonta ha recibido contribuciones de ambos sectores. Su campaña de reelección de 2026 suma actualmente $7,3 millones, frente a los $7,1 millones de su campaña de 2022.
La Asociación de Juegos Indígenas de las Naciones de California (CNIGA) aplaudió las aprobaciones. Su presidente, James Siva, las calificó de «un paso importante» para proteger la soberanía tribal, y llamó al Departamento de Justicia a hacer cumplir las normas con firmeza.
Un sector bajo presión regulatoria creciente en California
Las nuevas reglas llegan en el contexto de una ofensiva regulatoria más amplia. El mes pasado, el Departamento de Justicia confiscó 26 máquinas de «Carreras a la carta» del Parque Santa Anita, lo que derivó en una demanda de la pista. Durante el verano, la misma oficina emitió un dictamen que declaró ilegales todas las formas de deportes de fantasía diarios en el estado, y en octubre se promulgó la prohibición de los sitios de sorteos.
En 2022, las tribus ya habían bloqueado la Proposición 27, que habría legalizado las apuestas deportivas en línea. Esa fue la votación estatal más costosa en la historia de Estados Unidos, con un gasto total de $463 millones entre quienes la apoyaron y quienes la rechazaron.
La diferencia económica entre ambos sectores es marcada: los casinos tribales generaron más de $12.000 millones en ingresos brutos en el año fiscal 2024, mientras que el impacto económico de las salas de cartas representa aproximadamente la mitad de esa cifra.
