El Proyecto de Ley 25.057 parecía encaminado. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de Costa Rica lo había aprobado en una primera votación hacia el cierre del año pasado, lo que la Junta de Protección Social (JPS) interpretó como un avance concreto para modernizar las reglas del mercado de juegos de azar en el país. Sin embargo, a comienzos de 2026, la misma comisión dio marcha atrás y rechazó el proyecto en una nueva votación interna, dejando a la JPS sin el instrumento legal que venía promoviendo junto a varios legisladores.
El expediente ahora avanza hacia el Plenario Legislativo de Costa Rica con un dictamen negativo de mayoría. Ese órgano decidirá si el proyecto sobre juegos de azar sigue en debate o si queda archivado definitivamente.
Qué proponía el Proyecto 25.057 sobre juegos de azar
El texto buscaba cerrar vacíos normativos que hoy permiten que plataformas digitales, aplicaciones móviles y sistemas electrónicos de apuestas operen sin regulación efectiva en Costa Rica. Su propuesta central era la creación de un «título habilitante», es decir, una autorización formal y exigible para que cualquier operador pueda ofrecer juegos de azar de manera legal.
Además, contemplaba penalizar la venta, administración y financiamiento ilegal de loterías y apuestas deportivas —incluyendo penas de prisión—, proteger a menores de edad, promover el juego responsable y garantizar que los ingresos generados por esta actividad lleguen al fin social y no a redes criminales.
La preocupación de la JPS en Costa Rica
Rosario Masís Pérez, coordinadora de Comunicación y Relaciones Públicas de la JPS, calificó el rechazo del proyecto de ley para modernizar el mercado de los juegos de azar del país como una señal de alarma.
«La institución recibió esta decisión con preocupación, considerando que se trata de un proyecto trabajado técnicamente por la JPS junto con varias diputaciones, y que representaba una herramienta concreta para proteger recursos de fin social, fortalecer la legalidad y enfrentar un mercado donde operan estructuras ilegales que no aportan al país y sí generan riesgos sociales», señaló.
Para Masís Pérez, el cambio de postura de la comisión revela que el debate sobre las loterías ilegales y apuestas «continúa enfrentando resistencias, aun cuando se trata de una necesidad país». La JPS insiste en que el proyecto respondía a un objetivo de interés público: dotar al Estado de mejores herramientas para combatir la ilegalidad y proteger a la ciudadanía.
El problema del mercado digital sin control
Uno de los argumentos más fuertes de la JPS de Costa Rica apunta al crecimiento acelerado de los juegos de azar en línea. Masís Pérez advirtió que «la falta de actualización normativa mantiene intacto un mercado donde operan las plataformas y redes ilegales que no pagan impuestos, no cumplen estándares de control, no protegen a menores de edad y no aportan recursos al fin social».
A eso se suma el riesgo de que esos flujos económicos sean captados por estructuras criminales. «El mercado ha evolucionado hacia plataformas y dinámicas online, lo que incrementa el riesgo de expansión de redes ilegales, suplantación y captación de recursos fuera de cualquier control institucional», sostuvo la vocera de la JPS.
Los próximos pasos
La JPS no cierra el caso. Masís Pérez afirmó que la institución «reitera su disposición de continuar aportando los criterios técnicos y elementos objetivos» a los legisladores para fortalecer el debate en el Plenario. Lo que se decida allí no solo marcará el destino del expediente 25.057, sino también la capacidad del Estado de Costa Rica para responder a un mercado digital de juegos de azar que, según la JPS, opera hoy en gran medida fuera de la ley.
