En Argentina, un grupo de empresarios del sector del juego está negociando con el gobierno de Javier Milei la firma de un decreto que trasladaría la jurisdicción de los barcos casino y el Hipódromo de Palermo desde la Ciudad de Buenos Aires hacia el Estado nacional. La operación, si se concreta, tendría consecuencias fiscales millonarias para la administración porteña y modificaría de raíz las condiciones en que operan estas concesiones.
Quiénes impulsan la transferencia y cómo avanzaron las negociaciones
Los principales impulsores de esta iniciativa son Ricardo Benedicto, Manuel Lao y Federico de Achával, tres referentes del negocio del juego en Argentina. Según fuentes del sector, en una primera instancia mantuvieron reuniones con Santiago Caputo, quien habría impulsado la redacción de un borrador de decreto. Ante las tensiones internas dentro del oficialismo, los empresarios ampliaron su red de contactos y comenzaron a negociar con Martín y Lule Menem, figuras cercanas a Karina Milei.
El antecedente directo de esta maniobra es el decreto que firmó Mauricio Macri en 2016, cuando transfirió los juegos de azar a la órbita porteña basándose en la autonomía de la Ciudad y en jurisprudencia de la Corte Suprema.
El origen de los barcos casino y el problema de las concesiones vencidas
Los barcos casino tienen su origen en una licitación impulsada durante la presidencia de Carlos Menem, que otorgó permisos de operación a dos casinos flotantes por un plazo de 25 años. Los buques «Estrella de la Fortuna» y «Princess» navegaron entre idas y vueltas legales que incluyeron la transferencia de jurisdicción entre Nación y Ciudad, y medidas cautelares dictadas durante la pandemia. Sin embargo, desde 2019 ambos operan con concesiones vencidas, amparados únicamente por estas medidas judiciales provisorias.
En marzo de 2025, la Corte Suprema revocó una de esas cautelares al considerar «arbitraria» la prórroga del contrato original, y ordenó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo resolver sobre otra medida pendiente. La incertidumbre judicial es uno de los factores que empuja a los empresarios a buscar una solución política que les garantice continuidad operativa.
Qué ganan los empresarios con el cambio de jurisdicción
El traspaso a la órbita nacional no es solo un movimiento administrativo: detrás hay beneficios concretos para los concesionarios.
El primero es fiscal. Actualmente, los operadores pagan Ingresos Brutos en la Ciudad de Buenos Aires. Si la jurisdicción pasa a la Nación, ese tributo desaparecería de la ecuación porteña.
El segundo es económico. Antes de la transferencia que realizó Macri, los concesionarios retenían el 70% de las ganancias generadas. Luego de ese traspaso a la Ciudad, ese porcentaje cayó al 30%. Un nuevo decreto podría revertir esa proporción o renegociarla en términos más favorables para los empresarios.
El tercero es la extensión de contratos. El contrato del Hipódromo de Palermo vence en 2027. Un cambio de jurisdicción habilitaría una nueva prórroga, que también podría aplicarse al casino flotante.
El impacto en las finanzas de la Ciudad de Buenos Aires
Desde la perspectiva del gobierno de la Ciudad, la operación representa una amenaza directa a su recaudación. Según fuentes oficiales porteñas, el traspaso implicaría perder mensualmente miles de millones de pesos en concepto de canon e Ingresos Brutos, montos que en el escenario nacional pasarían a integrarse al reparto de coparticipación federal.
En ese contexto, el empresario Daniel Angelici está negociando lo que en el entorno porteño llaman una «indemnización»: una compensación económica para la Ciudad en caso de que las concesiones pasen efectivamente a manos de la Nación.
Una disputa política con fuertes intereses en juego
El trasfondo de esta negociación excede lo técnico y se inserta en la pulseada entre el gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires por el control de recursos estratégicos. La posibilidad de que un decreto presidencial baste para modificar la jurisdicción es, al mismo tiempo, el atractivo y el riesgo político de la operación: evita el Congreso, pero expone al Ejecutivo a una batalla judicial y a un conflicto con el gobierno porteño.
Por ahora, no hay resolución judicial definitiva sobre las cautelares pendientes ni un texto de decreto confirmado. Pero los actores involucrados siguen moviendo sus fichas, conscientes de que el resultado puede redefinir durante décadas quién controla, regula y se beneficia del negocio del juego en Buenos Aires.
