El avance de las apuestas deportivas en América Latina ha obligado a distintos gobiernos a replantear sus marcos regulatorios. En Ecuador, el debate tomó fuerza esta semana luego de que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional revisara un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) enfocado en la integridad de las competencias deportivas y las actividades vinculadas a las apuestas.
La iniciativa, impulsada por el asambleísta Adrián Castro, busca llenar un vacío legal que actualmente impide tipificar de manera específica conductas relacionadas con el amaño de partidos, la manipulación de resultados y ciertos mecanismos asociados al lavado de activos dentro del ecosistema deportivo.
Durante su exposición ante la Comisión, el legislador explicó que, aunque el COIP contempla delitos generales como el lavado de activos, la legislación ecuatoriana todavía no reconoce de forma precisa las dinámicas ilegales que pueden surgir alrededor de las competencias deportivas y las plataformas de apuestas.
El proyecto fue desarrollado junto a representantes de distintos sectores relacionados con el deporte y pretende adaptar el marco penal ecuatoriano a una problemática que ha ganado relevancia internacional en los últimos años.
La reforma al COIP incorpora nuevos delitos vinculados al deporte
Uno de los principales objetivos de la propuesta es introducir nuevas figuras penales directamente relacionadas con la integridad deportiva. Entre ellas figuran el amaño de partidos, la corrupción deportiva y la manipulación deliberada de resultados.
La reforma también contempla agravantes para casos en los que participen organizaciones criminales, clubes deportivos, operadores de apuestas o redes que utilicen mecanismos de extorsión y menores de edad para ejecutar estas prácticas ilícitas.
El debate legislativo ocurre en un contexto regional donde varios países han comenzado a endurecer sus controles debido al crecimiento de plataformas digitales y al aumento del flujo de dinero que circula dentro de esta industria.
La Comisión de Justicia resolvió además unificar esta propuesta con otro paquete de reformas al COIP que actualmente agrupa más de 80 iniciativas legislativas en discusión. La decisión apunta a consolidar cambios estructurales dentro del sistema penal ecuatoriano y acelerar el tratamiento de temas considerados prioritarios.
Ecuador busca cerrar brechas frente al lavado de activos
El fortalecimiento de la regulación no se limita únicamente al ámbito penal. Paralelamente, Ecuador también endureció los controles administrativos y financieros aplicables al sector de apuestas deportivas.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) oficializó recientemente nuevas obligaciones para operadores y plataformas de apuestas mediante la Resolución N.° UAFE-DG-2026-0005. La normativa obliga a reportar cualquier movimiento considerado inusual o sospechoso dentro de las plataformas.
Con esta decisión, tanto empresas como personas físicas vinculadas a operaciones de apuestas deportivas deberán implementar sistemas de prevención de riesgos, registrar sus actividades ante las autoridades competentes y designar oficiales de cumplimiento encargados de supervisar posibles irregularidades financieras.
Observaciones sobre contratación pública también entran al debate
Durante la misma sesión legislativa, la Comisión recibió además a Pablo Dávila, quien presentó observaciones relacionadas con otras reformas al COIP.
Dávila advirtió que Ecuador necesita definir con mayor precisión ciertas figuras penales vinculadas a la contratación pública y señaló que estos temas no deben tratarse únicamente desde una perspectiva administrativa.
Ecuador acelera el control sobre apuestas y transparencia deportiva
La combinación entre reformas penales y nuevas obligaciones financieras evidencia que Ecuador busca fortalecer simultáneamente dos frentes: la protección de la integridad deportiva y la prevención del lavado de activos.
El debate legislativo marca además un nuevo capítulo en la relación entre deporte, apuestas y regulación estatal en la región. Mientras el mercado de apuestas deportivas continúa expandiéndose, los gobiernos enfrentan el desafío de equilibrar crecimiento económico, innovación digital y controles efectivos contra actividades ilícitas.
La discusión en la Asamblea Nacional podría convertirse en un precedente importante para futuras reformas regulatorias en otros países latinoamericanos que actualmente enfrentan desafíos similares.
