Un proyecto de ley presentado en el Senado de Rhode Island podría transformar por completo el mercado de apuestas deportivas del estado. La iniciativa, conocida como Senate Bill 3118, plantea ampliar la participación de operadores dentro del mercado regulado estatal y revisar el actual sistema de distribución de ingresos del sector.
Quiénes presentaron el proyecto y cuál es su estado actual
El Senate Bill 3118 fue presentado el 13 de mayo de 2026 por los senadores demócratas Frank Ciccone, John Burke y Stefano Famiglietti. Desde su ingreso al Senado, el texto fue remitido a la Comisión de Trabajo y Juegos, donde tiene programada una audiencia para hoy 20 de mayo. La iniciativa todavía no cuenta con aprobación y deberá superar el proceso legislativo completo antes de convertirse en ley.
El modelo actual de apuestas deportivas en Rhode Island
En la actualidad, Rhode Island cuenta con un único sitio web de apuestas deportivas activo: Sportsbook Rhode Island, que opera bajo un acuerdo de exclusividad entre la Lotería de Rhode Island e International Game Technology (IGT). El sistema vigente funciona bajo un modelo centralizado administrado junto a la compañía tecnológica.
A nivel presencial, los únicos dos locales habilitados para recibir apuestas deportivas en el estado son los casinos de Bally’s en Lincoln y Tiverton. Recientemente trascendió que la misma compañía podría lanzar un segundo sitio web bajo una nueva licencia obtenida de manera independiente, lo que anticiparía cierta apertura incluso antes de que el proyecto de ley sea votado.
Qué propone el Senate Bill 3118
La propuesta legislativa apunta a una transformación estructural del sector en tres dimensiones principales.
En primer lugar, amplía el mercado estatal a entre cuatro y seis operadores con licencia, tanto para apuestas en línea como presenciales. La iniciativa habilitaría una mayor participación de compañías dentro del mercado regulado estatal.
En segundo lugar, el proyecto no define una tarifa fija de licencia. En cambio, establece que los operadores interesados deberán participar en un proceso competitivo de licitación supervisado por la Lotería de Rhode Island, que evaluará las propuestas según la capacidad operativa, el historial regulatorio, los estándares técnicos y el potencial de maximizar ingresos para el estado.
En tercer lugar, y quizás el aspecto más relevante desde el punto de vista económico, la iniciativa reformaría el modelo de reparto de ingresos vigente. Actualmente, el estado retiene el 51% de los ingresos del juego online, mientras que los operadores se quedan con el 49% restante. Bajo el nuevo esquema propuesto, una vez alcanzados los objetivos de ingresos del año fiscal 2025, la participación estatal caería al 12%, la de los proveedores subiría al 79.5% y la de los casinos anfitriones se reduciría del 17% al 8.5%.
La Lotería de Rhode Island mantendría el control regulatorio
Aunque el mercado se abriría a nuevos participantes, el proyecto de ley no debilita el rol del regulador. La Lotería de Rhode Island seguiría a cargo de la supervisión del proceso de licencias y del control operativo del sector. Además, los nuevos operadores deberían asociarse con uno de los dos casinos terrestres ya habilitados en el estado, lo que mantiene a Bally’s Lincoln y Bally’s Tiverton como los únicos establecimientos físicos con licencia. El texto no incluye disposiciones para la creación de nuevas licencias de casino.
Los plazos si el proyecto se aprueba
Si el Senate Bill 3118 obtiene aprobación legislativa, la Lotería de Rhode Island tendría plazo hasta el 1 de enero de 2027 para lanzar un proceso de solicitud abierto y adjudicar entre cuatro y seis contratos a nuevos proveedores de apuestas deportivas. El cronograma dejaría poco margen para la implementación, lo que convierte el avance legislativo en los próximos meses en un factor determinante para la viabilidad del nuevo esquema.
Un debate que se replica en otros estados
La propuesta de Rhode Island se suma a una tendencia más amplia en Estados Unidos, donde varios estados están revisando sus esquemas tributarios y regulatorios para las apuestas deportivas con el objetivo de atraer más operadores y mejorar la competitividad del mercado regulado frente a la oferta ilegal. La discusión sobre el porcentaje que debe retener el estado es especialmente sensible: tasas muy altas desincentivan la inversión y pueden empujar a los usuarios hacia plataformas no autorizadas, mientras que tasas bajas reducen los ingresos públicos disponibles para programas sociales y educación.
