En Estados Unidos, la tensión entre la industria de las apuestas deportivas reguladas y los mercados de predicción llegó a un nuevo punto de ebullición en el país. Bill Miller, presidente y CEO de la American Gaming Association (AGA), declaró en una entrevista con CNBC que «se están perdiendo 1.000 millones de dólares en ingresos estatales y tribales que, de otro modo, se destinarían a financiar importantes proyectos comunitarios», en referencia directa a la actividad que los mercados de predicción captan fuera de los esquemas tributarios que aplican a los operadores regulados de apuestas deportivas.
El núcleo del conflicto en Estados Unidos: quién regula y quién recauda
El problema de fondo es estructural. Los estados que autorizaron las apuestas deportivas obtienen ingresos fiscales de los operadores con licencia. Los mercados de predicción, en cambio, operan bajo la jurisdicción de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), el regulador federal de derivados y futuros, y no tributan a los estados por esa actividad.
Miller fue enfático al respecto: «Recientemente, 41 fiscales generales de todo el país se pronunciaron al respecto, afirmando que la CFTC desempeña un papel importante en la economía nacional, pero no es el organismo regulador de las casas de apuestas deportivas.»
La posición de la AGA es que la expansión de los mercados de predicción sobre eventos deportivos constituye una competencia desleal respecto de los operadores que sí pagan impuestos estatales y cumplen con marcos regulatorios diseñados para proteger a los consumidores y a las comunidades.
Trump cambia de postura y respalda a la CFTC
Las declaraciones de Miller llegaron poco después de que el presidente Donald Trump publicara un mensaje en redes sociales apoyando la autoridad exclusiva de la CFTC sobre los mercados de predicción, un giro notable respecto de sus posiciones anteriores.
«Bajo mi liderazgo, estamos estableciendo las reglas del juego que son el estándar de oro para los estados. No podemos permitir que gentuza como Chris Christie, Letitia James, Tim Walz y JB Pritzker dicten las reglas», escribió Trump, en un mensaje en el que también elogió al presidente de la CFTC, Michael Selig.
El cambio de postura resulta llamativo. En abril, Trump había expresado abiertamente su rechazo a los mercados de predicción tras el arresto del militar Gannon Ken Van Dyke, acusado de usar información clasificada para obtener más de 400.000 dólares mediante contratos de eventos en Polymarket vinculados al estatus político del expresidente venezolano Nicolás Maduro. «No me gusta conceptualmente. Es lo que es. No estoy contento con nada de eso», declaró Trump desde el Despacho Oval en aquella oportunidad.
Del rechazo al respaldo: qué explica el giro presidencial
El viraje de Trump se produjo apenas dos días después de que el New York Times publicara un reportaje sobre cómo las empresas de mercados de predicción y criptomonedas habrían eludido a los organismos reguladores durante su propia administración. La publicación presidencial en redes sociales llegó en ese contexto, lo que alimentó lecturas sobre la influencia de los sectores cripto y de mercados de predicción en la Casa Blanca.
Agrega complejidad al cuadro el hecho de que la propia empresa de medios del presidente anunció planes para lanzar su propio mercado de predicción, aunque recientemente parecía haber reducido esas ambiciones. Que Trump respalde ahora la autoridad exclusiva de la CFTC sobre esos mercados genera preguntas sobre los intereses en juego y la coherencia regulatoria de su administración.
Una disputa que define el futuro del mercado
El debate entre la industria del juego regulado y los mercados de predicción no es solo una disputa técnica sobre jurisdicción regulatoria: es una pelea por miles de millones de dólares en actividad de apuestas sobre resultados deportivos y políticos que actualmente fluye fuera del sistema fiscal estatal.
Con 41 fiscales generales alineados con la posición de la AGA, la presión sobre el Congreso y la CFTC para redefinir los límites entre ambos mercados se intensifica. Lo que se resuelva en los próximos meses podría redefinir la distribución de recursos fiscales derivados de estas actividades y el alcance de las competencias regulatorias entre estados y organismos federales.
