La Comisión de Finanzas y Tributación (CFT) de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto de ley n.º 4.044/2025, una iniciativa que propone la creación del Marco Legal de Combate al Mercado Ilegal de Juegos y Apuestas y que introduce modificaciones sustanciales a la Ley n.º 14.790/2023, el texto que regula el sector de apuestas en el país. La propuesta fue presentada en agosto de 2025 por los diputados federales Paulo Litro, Raimundo Santos y Merlong Solano, y la diputada Laura Carneiro fue designada como relatora ante la comisión.
Con su aprobación en la CFT, el proyecto pasa ahora a análisis y votación en la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía (CCJ) de la Cámara de Diputados.
Un marco legal más amplio que las medidas previas
Brasil ya había dado pasos en esta dirección durante el último año. La Ley n.º 15.358/2026, conocida como Ley Raul Jungmann, y la Resolución n.º 569/2026 del Banco Central de Brasil (BCB) ampliaron el combate al mercado ilegal de apuestas. Sin embargo, el PL n.º 4.044/2025 plantea una estrategia más extensa y coordinada entre distintos organismos públicos y actores del sistema financiero, incorporando mecanismos de supervisión, control tecnológico y persecución penal.
Controles financieros: obligaciones para bancos y fintechs
El proyecto impone obligaciones directas a las instituciones financieras y de pago autorizadas por el Banco Central. Estas deberán adoptar procedimientos reforzados de debida diligencia para impedir operaciones con operadores ilegales, y presentar reportes mensuales de cumplimiento con información agregada sobre cuentas vinculadas a apuestas, volumen de transacciones, controles internos y bloqueos realizados.
También deberán integrarse a sistemas de intercambio de indicios de fraude electrónico, que permitirán la comunicación y consulta de datos sobre posibles operadores no autorizados. Queda prohibida cualquier alianza operativa, tecnológica o comercial entre instituciones financieras y operadores sin licencia, incluyendo modelos de banca como servicio (BaaS), subadquirencia y gateways de pago.
Las sanciones por incumplimiento son significativas: multas de hasta 20 millones de reales, suspensión temporal de la oferta de cuentas o instrumentos financieros a operadores de apuestas, y prohibición del uso de medios como Pix y TED en los casos más graves o reincidentes.
Pix en el centro del debate: filtros y modalidades exclusivas
Dado que Pix se ha convertido en el principal medio de pago para las apuestas en Brasil, el proyecto dedica un capítulo específico a esa infraestructura. Se prevé la creación de una modalidad de transacción exclusiva para apuestas, vinculada únicamente a operadores autorizados, junto con filtros automatizados por código de actividad económica (CNAE) y claves Pix, integración con directorios de riesgo y autoexclusión, y marcaciones visuales en los extractos de transacciones con operadoras.
Bloqueo de sitios: Anatel adquiere un rol central
El proyecto otorga a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) un papel protagónico en el bloqueo de plataformas ilegales, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y los proveedores de internet e infraestructura digital. Las medidas técnicas contempladas incluyen bloqueo por DNS, dirección IP, indicación de nombre de servidor (SNI) y detección de sitios espejo.
Asimismo, los proveedores de conexión y aplicaciones de internet deberán mantener un canal exclusivo y permanente de comunicación con el regulador para recibir y tramitar órdenes de bloqueo de sitios y aplicaciones.
El Ministerio de Hacienda quedaría obligado a mantener una base pública y actualizada de operadores no autorizados, para cruzar información con los sistemas antifraude del sector financiero.
Nuevos delitos penales y agravantes específicos
El proyecto crea figuras penales específicas en la Ley n.º 14.790/2023. Quedarían tipificadas como delitos, con penas de prisión y multas, las siguientes conductas: operar o facilitar apuestas de cuota fija sin autorización; financiar, divulgar o estructurar una operación ilegal; facilitar transferencias de dinero entre apostadores y operadores no autorizados; publicitar apuestas en violación de las normas legales; y obstruir acciones de bloqueo de recursos, dominios, aplicaciones o plataformas.
El texto también establece agravantes para casos de actuación reiterada, uso de tecnologías de anonimato, operadores radicados en el exterior, estructuras empresariales complejas, publicidad dirigida a menores y participación de influencers digitales en la promoción de plataformas ilegales.
