El Instituto Brasileño del Juego Responsable (IBJR) y la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) expresaron su respaldo formal al Decreto N° 13.033/2026, firmado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva como parte de una ofensiva del gobierno federal para debilitar el mercado ilegal de apuestas de cuotas fijas en Brasil.
El decreto, publicado a finales de junio de 2026, introduce mecanismos para bloquear fondos vinculados a operadores clandestinos y establece responsabilidad solidaria para las instituciones financieras, empresas de pago y anunciantes que faciliten o se beneficien de la recaudación generada por plataformas no autorizadas. La medida se complementa con la Ordenanza N° 1.766/2026, que regula la aplicación operativa de estas disposiciones.
Un mercado ilegal que mueve $7.700 millones al año
La magnitud del problema que el decreto busca atacar queda ilustrada por cifras presentadas por el ministro de Justicia, Wellington César Lima, en una conferencia de prensa: 25,2 millones de brasileños realizan apuestas en sitios web ilegales. Para el presidente de la ANJL, Plínio Lemos Jorge, ese dato evidencia por qué las medidas de inspección eran insuficientes hasta ahora.
El impacto económico del mercado clandestino es igualmente significativo. Según una investigación del Instituto Locomotiva en colaboración con LCA, las apuestas ilegales generan un volumen aproximado de 40.000 millones de reales al año, equivalente a unos $7.700 millones de dólares. De esa cifra, se estima que el fisco brasileño deja de percibir alrededor de 10.800 millones de reales anuales —aproximadamente $2.080 millones— que, de corresponder al mercado regulado, se destinarían a áreas prioritarias de gasto público.
La ANJL: resultado de un proceso institucional sostenido
Para la ANJL, las medidas anunciadas no son una respuesta aislada sino la culminación de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) y los representantes del sector regulado. La organización destacó el rol de la SPA en la construcción de herramientas de fiscalización y en la sistematización de información sobre las operaciones de los operadores ilegales.
Lemos Jorge subrayó que el decreto refuerza la capacidad del Estado para actuar no solo contra quienes operan plataformas clandestinas, sino también contra las estructuras que sostienen su funcionamiento y financiamiento. Al mismo tiempo, advirtió sobre los límites de cualquier medida puntual: «La industria clandestina opera con un alto grado de sofisticación tecnológica y se adapta con gran rapidez, lo que impide evaluar de forma definitiva la eficacia de las medidas adoptadas. Lo que funciona hoy puede dejar de ser efectivo mañana. Por lo tanto, esta lucha debe ser continua, coordinada y dinámica».
El IBJR señala el costo fiscal y social de la clandestinidad
El IBJR centró su respaldo en los efectos concretos que el mercado ilegal genera sobre las finanzas públicas y sobre los propios apostadores. Carlos Lima, presidente de la organización, señaló que los recursos fiscales no capturados por la operación de plataformas no autorizadas representan una pérdida directa para sectores prioritarios de la sociedad brasileña.
Lima también destacó que la medida protege a los operadores que cumplen con la normativa vigente, al reducir la ventaja competitiva que los actores ilegales obtienen al no tributar ni someterse a los controles de protección al consumidor exigidos por la regulación brasileña. «Además de fortalecer los ingresos públicos, la medida contribuye directamente a aumentar la seguridad de los apostadores», afirmó. El IBJR reiteró su disposición a mantener una colaboración estrecha con las autoridades para consolidar un entorno de apuestas seguro, transparente y plenamente regulado.
Brasil apuesta por la corresponsabilidad del ecosistema financiero
El elemento más novedoso del Decreto N° 13.033/2026 es la extensión de la responsabilidad más allá del operador ilegal. Al incluir a las instituciones de pago y a los anunciantes como sujetos corresponsables de la recaudación generada por plataformas clandestinas, el gobierno busca atacar los flujos financieros que hacen viable el mercado ilegal, en lugar de concentrar los esfuerzos exclusivamente en el bloqueo de sitios web.
Este enfoque reconoce una realidad que el sector regulado lleva años señalando: la viabilidad de los operadores ilegales depende en buena medida de su acceso a infraestructura de cobro legítima y de su capacidad para anunciarse en medios convencionales. Extender la responsabilidad legal a esos eslabones de la cadena podría encarecer significativamente la operación clandestina y reducir su alcance, aunque la efectividad real de la medida dependerá de la velocidad y consistencia con que las autoridades la apliquen.
