Un total de 29 estados de Estados Unidos se unieron en un juicio para reclamar daños y perjuicios contra las plataformas de Meta, al alegar que fueron diseñadas para generar adicción, lo que habría provocado graves daños sociales, especialmente entre la población joven.
El juicio comenzó el martes 18 de agosto en Oakland, California, y se espera que se extienda durante seis semanas. La audiencia está a cargo de la jueza de distrito Yvonne Gonzalez Rogers, y el jurado deberá determinar si Meta «enganchó» de manera intencionada a una generación de niños y adolescentes a sus plataformas Facebook e Instagram.
Los estados demandantes reclaman a la compañía una indemnización que podría ascender a 1.4 mil millones de dólares, una cifra cercana al valor de mercado de la empresa, estimado en 1.5 mil millones de dólares.
Los argumentos de la fiscalía contra Meta
Durante los alegatos iniciales, la fiscal general adjunta de California, Megan O’Neill, acusó a Meta de priorizar herramientas destinadas a incrementar la interacción y el tiempo que los usuarios permanecen conectados. Según la parte demandante, esa estrategia entraría en contradicción con los mensajes públicos de la compañía sobre la seguridad de sus servicios.
La fiscal resumió el modelo de negocio de la red social en cuatro pasos: captar a los usuarios, retenerlos el mayor tiempo posible, recopilar sus datos y ocultar la verdad al público mediante declaraciones institucionales.
O’Neill remarcó que el problema no se limitaba a los usuarios adolescentes, sino que alcanzaba incluso a niños pequeños que, de acuerdo con las propias políticas de Meta, no deberían tener acceso a las aplicaciones. En ese sentido, la fiscal citó documentos internos de la compañía en los que se hacía referencia a los usuarios más jóvenes como un segmento especialmente valioso para el negocio.
La defensa de Meta y el debate sobre la adicción
Por su parte, Paul Schmidt, abogado principal de la defensa de Meta, rechazó los planteamientos de la fiscalía y argumentó que impedir el acceso de menores de 13 años representa un desafío para toda la industria de redes sociales, y no un problema exclusivo de la compañía.
«No cabe duda de que Meta ha reconocido que las personas tienen dificultades, o pueden tenerlas, con el uso de las redes sociales, y ha desarrollado herramientas para abordar este problema», afirmó Schmidt durante la audiencia.
El abogado defensor añadió que ninguna investigación científica ha logrado demostrar de manera concluyente que exista una adicción a las redes sociales como tal. Sin embargo, un documento interno de investigación de Instagram, presentado durante el juicio, señalaba que los propios adolescentes describían una «narrativa de adicción» sobre su forma de uso de la plataforma.
Qué exigen los estados además de la indemnización
Más allá de la compensación económica, los estados demandantes exigen que Meta realice cambios significativos en el diseño de sus plataformas. Entre las medidas solicitadas se encuentra la eliminación de funciones consideradas adictivas, como el desplazamiento infinito de contenido y el contador público de «me gusta».
Hasta el momento no se ha confirmado si Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta y cofundador de Facebook, testificará durante el desarrollo del juicio.
Los antecedentes del caso contra Meta
El proceso judicial tiene su origen en octubre de 2021, cuando la denunciante Frances Haugen manifestó su preocupación por la seguridad de los adolescentes en relación con el uso de aplicaciones de redes sociales. Dos años más tarde, una coalición de estados presentó formalmente una demanda contra la compañía.
La situación se agravó a comienzos de este año, cuando surgieron nuevas denuncias que señalaban que Meta y TikTok habrían puesto en riesgo la seguridad de los menores de edad con el objetivo de impulsar el rendimiento de sus algoritmos.
Desde entonces, se han iniciado múltiples procesos judiciales en Estados Unidos y Europa por esta problemática. En mayo, la Comisión Europea determinó que Meta no había aplicado medidas efectivas para impedir el acceso de menores a sus plataformas. En Estados Unidos, la compañía pidió al Congreso inmunidad legal frente a demandas relacionadas con la seguridad infantil en redes sociales.
