Dos provincias de Argentina avanzaron esta última semana en la misma dirección: restringir la exposición publicitaria de los juegos de azar y las apuestas. Mientras el Concejo Municipal de Rosario aprobó una ordenanza que prohíbe este tipo de publicidad en el espacio público de la ciudad, la Cámara de Diputados de Salta dio luz verde a un proyecto que apunta a excluir a los operadores de juego de los bienes y espacios pertenecientes al Estado provincial.
Rosario modifica sus códigos de Publicidad y Convivencia en Argentina
La ciudad de Rosario aprobó ayer una ordenanza impulsada por el concejal Federico Lifschitz que modifica tanto el Código de Publicidad como el Código de Convivencia municipal. La norma establece la prohibición de la publicidad, promoción, auspicio y patrocinio, ya sea directo o indirecto, de juegos de azar y apuestas dentro del espacio público, abarcando todos los elementos y soportes publicitarios contemplados en el artículo 11° del Código de Publicidad de la ciudad.
El alcance de la medida comprende a distintos actores de la industria. Incluye establecimientos físicos, como casinos, bingos y salas de juego, así como plataformas, sitios web, aplicaciones y otros servicios digitales vinculados a las apuestas online, deportivas y a distancia. La restricción también contempla a marcas, sponsors o auspiciantes cuya actividad principal sea la explotación de juegos de azar cuando su promoción busque vincularlas con instituciones deportivas, culturales, sociales o educativas de Rosario.
En cuanto a los soportes alcanzados, la prohibición rosarina cubre la publicidad exhibida en unidades de transporte público de pasajeros, tanto de gestión estatal como privada, además de la vía pública, los espacios privados con vista o acceso al público, y el mobiliario urbano, pantallas y proyecciones utilizadas con fines publicitarios.
Salta apunta a los espacios y bienes del Estado provincial
Días antes de la decisión adoptada en Rosario, la Cámara de Diputados de Salta había aprobado un proyecto de ley con un enfoque distinto pero complementario: en lugar de regular el espacio público general, la iniciativa salteña busca impedir que los bienes pertenecientes al Estado provincial se utilicen para promocionar juegos de azar y apuestas.
Concretamente, el proyecto prohíbe exhibir, difundir, promocionar o publicitar actividades vinculadas a casinos, casas de apuestas y plataformas de juego online en inmuebles y vehículos de la Administración Pública Provincial. La restricción se extiende también a organismos, empresas y sociedades en las que el Estado tenga participación.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que no se limita a edificios y vehículos oficiales, sino que también fija condiciones para entidades privadas que reciben algún tipo de aporte estatal. Organizaciones que cuenten con subsidios, auspicios u otro tipo de asistencia económica pública deberán evitar la promoción de juegos de azar durante las actividades o eventos financiados, total o parcialmente, con recursos del Estado.
La preocupación por la infancia y la exposición constante
Detrás de ambas iniciativas aparece un mismo diagnóstico: el crecimiento sostenido de la publicidad de apuestas en los últimos años y la creciente exposición de la población general a este tipo de contenido. En el caso salteño, los legisladores que impulsaron el proyecto pusieron especial énfasis en el impacto que las campañas publicitarias de las plataformas de juego pueden tener sobre niños y adolescentes, un grupo que hoy tiene acceso a estas actividades prácticamente en cualquier momento del día gracias al avance de la tecnología móvil.
Coherencia entre políticas públicas y uso de recursos estatales
El proyecto de Salta plantea además un argumento de fondo vinculado a la coherencia de las políticas públicas: resultaría contradictorio que el Estado provincial destine recursos a prevenir consumos problemáticos mientras, al mismo tiempo, sus propios bienes o fondos terminan utilizándose para promocionar juegos de azar. Bajo esa lógica, la iniciativa busca evitar específicamente que estadios, centros deportivos, edificios públicos y vehículos oficiales se conviertan en espacios de promoción para este tipo de actividades.
Ambos casos, el de Rosario a nivel municipal y el de Salta a nivel provincial, se suman a una tendencia regional más amplia en América Latina, donde distintas jurisdicciones han comenzado a revisar el rol de la publicidad de apuestas en espacios públicos y estatales como parte de sus agendas de protección al consumidor.
