Una discrepancia entre cortes federales de apelaciones podría terminar en la Corte Suprema de Estados Unidos y redefinir quién controla las apuestas deportivas en el país. La Asociación Internacional de Reguladores del Juego (IAGR) y la Asociación Norteamericana de Reguladores del Juego (NAGRA) presentaron un escrito conjunto de amicus curiae para respaldar que el alto tribunal revise el caso Flaherty v. KalshiEX, LLC.
La pregunta de fondo es si la Ley de Intercambio de Materias Primas (Commodity Exchange Act) prevalece sobre las leyes estatales de juego cuando una apuesta deportiva se ofrece como contrato vinculado a un evento en un mercado registrado ante la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC).
Las asociaciones actúan con el apoyo de miembros de International Masters of Gaming Law (IMGL), que ejercen como sus asesores legales.
Qué decidieron el Tercer y el Noveno Circuito
Los tribunales de apelaciones han llegado a resultados contrarios:
- Tercer Circuito: en el trámite de una medida cautelar, consideró probable que la legislación federal prevalezca sobre la aplicación de las normas de Nueva Jersey sobre apuestas deportivas a los contratos cuestionados.
- Noveno Circuito: concluyó lo opuesto en relación con las leyes de Nevada.
El escrito pide a la Corte Suprema que zanje esa contradicción. La divergencia entre ambos tribunales mantiene abierta la discusión sobre el alcance de las normas estatales frente a estos contratos.
El antecedente de Murphy v. NCAA
La disputa se apoya en un precedente de 2018. Hasta entonces, la Ley de Protección de los Deportes Profesionales y Amateur (PASPA) impedía que los estados autorizaran las apuestas deportivas, salvo excepciones limitadas. En el caso Murphy v. NCAA, la Corte Suprema anuló la PASPA. Desde ese momento, cada estado puede decidir si autoriza y regula las apuestas deportivas o si mantiene sus prohibiciones.
Para las asociaciones, ese equilibrio entre jurisdicciones queda en entredicho si los contratos de eventos se consideran fuera del alcance de las leyes estatales.
La preocupación de los reguladores
El presidente de IAGR, Ben Haden, sostuvo que las apuestas deportivas ofrecidas en mercados de predicción dejan a los consumidores sin las protecciones que aplican los reguladores del juego conforme a la política pública de cada jurisdicción. Según explicó, el escrito rebate la idea de que presentar una apuesta como contrato vinculado a un evento la libere de las normas estatales.
Haden enumeró los riesgos que, a su juicio, se abren sin supervisión:
- Acceso libre de menores a las apuestas.
- Falta de herramientas comprobadas de prevención de daños para personas con problemas de juego, que además podrían ser blanco de estrategias dirigidas de los operadores.
- Exposición de la integridad deportiva.
Añadió que los reguladores necesitan claridad sobre su autoridad para aplicar medidas de protección y sobre los límites que cada jurisdicción fijó para el juego.
Estados Unidos: Cómo funciona la regulación estatal, según el escrito
El documento recuerda el reparto de funciones. Las legislaturas fijan los límites del juego permitido, incluida su prohibición. Los reguladores ejecutan esas decisiones de varias formas:
- Aprueban eventos y tipos de apuestas concretos.
- Restringen actividades con riesgos inaceptables según las normas vigentes.
- Supervisan a los operadores autorizados.
- Actúan contra los operadores sin licencia.
Entre las salvaguardas que menciona figuran las edades mínimas, la autoexclusión, las normas que impiden participar a determinadas personas, el acceso a registros y los sistemas de monitoreo de apuestas sospechosas. También advierte de las consecuencias que la disputa podría tener para la regulación y fiscalización del juego tribal.
Por qué los abogados piden actuar ahora
Los abogados de IMGL que representan a las asociaciones sostienen que los reguladores deben seguir tomando decisiones de supervisión y fiscalización mientras los tribunales mantienen posiciones divergentes. Esa situación, dicen, da una importancia inmediata a la solicitud de revisión.
El escrito busca delimitar con claridad hasta dónde llega la legislación federal, sin desconocer que cada jurisdicción puede adoptar políticas distintas sobre el juego.
