En África, los impuestos sobre las ganancias de los apostadores atraviesan un momento de definiciones en el continente. Introducidos originalmente como una herramienta doble, pensada tanto para incrementar la recaudación fiscal como para desalentar el consumo excesivo de juego, estos gravámenes vienen chocando de forma recurrente con un mismo obstáculo: la dificultad práctica de su implementación. A eso se suma la resistencia del sector privado y la advertencia constante de que tasas elevadas terminan empujando a los usuarios hacia plataformas no reguladas o hacia operadores extranjeros que operan fuera del alcance del fisco local.
El resultado de esa tensión es un patrón que se repite en distintas jurisdicciones: gobiernos que derogan, reducen o rediseñan por completo sus esquemas de tributación sobre las ganancias apenas verifican que las presiones políticas y comerciales superan los beneficios fiscales que originalmente motivaron la medida.
Ghana da marcha atrás tras un experimento fiscal de corta duración
Ghana ofrece el ejemplo más contundente de reversión regulatoria. La Ley de Impuesto sobre la Renta (Enmienda) de 2023 había instaurado una retención del 10% sobre las ganancias de apuestas y loterías, en paralelo a un impuesto del 20% sobre los ingresos brutos del juego (GGR) aplicado a los operadores. La medida buscaba gravar el negocio desde ambos extremos de la cadena: tanto a las empresas como a los propios jugadores.
Una brecha fiscal que terminó de justificar la derogación en África
Los números oficiales respaldaron el argumento de que el impuesto no estaba funcionando como se esperaba. Según las estimaciones de la Autoridad Tributaria de Ghana, la recaudación proyectada para el paquete impositivo rondaba los 23,3 millones de dólares, mientras que los ingresos efectivamente declarados antes de la derogación se ubicaban en torno a los 6,9 millones de dólares, una diferencia cercana al 70% entre lo previsto y lo realmente recaudado.
Esa distancia entre expectativa y resultado se combinó con un argumento de índole social. El portavoz del gobierno, Felix Kwakye Ofosu, calificó públicamente el impuesto como un golpe directo para los apostadores de bajos ingresos, al considerar que gravar ganancias modestas en un contexto de recesión económica profundizaba las dificultades de una porción vulnerable de la población. El funcionario relacionó el fenómeno de las apuestas entre jóvenes con la falta de oportunidades laborales, y planteó que penalizar sus ganancias resultaba contradictorio si el Estado no lograba ofrecerles alternativas de empleo.
A ese cuestionamiento se sumaron las voces del propio sector, que señalaron que el componente dirigido a los ganadores resultaba particularmente difícil de administrar en la práctica, con una aplicación desigual entre distintos operadores y canales de juego. La derogación del impuesto no fue una medida aislada, sino que se enmarcó en una revisión más amplia de políticas fiscales consideradas políticamente sensibles, en la misma línea que la eliminación del impuesto electrónico ghanés, y dejó en evidencia la rapidez con la que este tipo de gravámenes pierde sustento cuando no logra cumplir sus objetivos de recaudación.
Uganda avanza en sentido inverso con un nuevo esquema combinado
Mientras Ghana desandaba su experiencia, Uganda tomó el camino contrario. La Ley de Enmienda del Impuesto sobre la Renta de 2026 y la Ley de Enmienda de Loterías y Juegos de Azar de 2026, ambas vigentes desde el 1 de julio de este año, establecieron un nuevo régimen tributario para el sector. El esquema combina una retención del 15% sobre las ganancias netas de los apostadores, definidas como el monto pagado menos el valor apostado, con un impuesto unificado del 30% sobre los ingresos brutos del juego aplicable tanto a las apuestas como a los juegos de azar en general.
A diferencia del caso ghanés, el gobierno ugandés optó esta vez por acompañar el nuevo gravamen con mecanismos de cumplimiento más estrictos. Los operadores tuvieron plazo hasta el 30 de junio de este año para regularizar los atrasos pendientes en el impuesto al juego, siempre que cumplieran con los requisitos establecidos, a cambio de la exención de intereses y multas asociadas a esas deudas. Vencido ese plazo, el nuevo régimen combinado del 30% y el 15% comenzó a aplicarse en su totalidad,
Los operadores advierten sobre problemas prácticos de cobro
Pese al diseño más elaborado del esquema ugandés, el sector ya empezó a plantear objeciones similares a las que en su momento contribuyeron a la caída del impuesto ghanés. Representantes de casinos trasladaron al parlamento y a los medios locales sus dificultades para retener el 15% correspondiente en el momento mismo del pago, especialmente en entornos de juego continuo y presencial.
Bob Kabonero, de la Asociación de Operadores de Juegos de Uganda, explicó en una reunión con operadores y contadores realizada en abril que la naturaleza del juego online facilita el control de cada transacción, ya que cada jugador opera desde una cuenta individual que permite el seguimiento del monto retenido.
