Australia presentó esta semana un ambicioso plan de financiamiento para hacer frente a los perjuicios del juego online. El paquete, anunciado como parte del presupuesto nacional 2026-27, contempla una inversión de $112.7 millones de dólares australianos —equivalentes a aproximadamente $73.3 millones de dólares— distribuidos a lo largo de cinco años, desde el ejercicio fiscal 2025-26. Una vez concluido ese período inicial, se prevé una financiación anual sostenida de $11.8 millones de dólares.
El programa, denominado oficialmente «Cómo abordar los perjuicios del juego en línea», cuenta con la participación de tres organismos principales: el Departamento de Servicios Sociales, el Departamento de Infraestructura, Transporte, Desarrollo Regional, Comunicaciones, Deporte y Artes, y la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios (ACMA).
Cómo se distribuye el financiamiento entre los organismos
El plan establece asignaciones diferenciadas por dependencia gubernamental. El Departamento de Servicios Sociales incrementará su presupuesto para este fin de $8.8 millones de dólares en 2026-27 a $13.8 millones de dólares en 2027-28. Por su parte, el Departamento de Infraestructura recibirá $8.1 millones de dólares en el ejercicio 2026-27 para acciones de mitigación del daño.
La ACMA, que opera como regulador del sector, recibirá $2.1 millones de dólares en financiamiento inicial adicional y aproximadamente $3.4 millones de dólares anuales entre 2026-27 y 2029-30. Una parte de estos fondos provendrá del impuesto del programa de autoexclusión, que pagan los operadores con licencia para sostener el funcionamiento de la plataforma BetStop.
El impuesto de autoexclusión: una fuente clave de financiamiento
Parte de los recursos proviene de reasignaciones dentro de los presupuestos departamentales existentes, pero el grueso del financiamiento adicional se obtendrá de un incremento en el gravamen que pagan los operadores con licencia para acceder al Registro Nacional de Autoexclusión (NSER, por sus siglas en inglés).
Este impuesto, implementado por la ACMA en 2019 bajo la legislación de recuperación de costos del NSER, financia la administración de BetStop y obliga a los operadores australianos autorizados a verificar y respetar las autoexclusiones de sus usuarios. Su porcentaje pasó del 30% en 2023 al 35% en 2024 y 2025, aunque el nivel exacto del nuevo aumento no fue especificado en los documentos presupuestarios.
Las proyecciones oficiales estiman que la recaudación atribuible a este gravamen alcanzará los $11 millones de dólares en 2027-28, cifra que descenderá en los ejercicios posteriores. El objetivo declarado de la ACMA es que el NSER sea financieramente neutro a partir de 2026-27, cobrando únicamente los costos operativos sin incluir inversiones iniciales de infraestructura.
Según documentos previos de la ACMA, el costo de operar la plataforma entre 2026 y 2027 se estima en aproximadamente $4 millones de dólares, lo que representa un incremento cercano al 15% respecto al período anterior.
Reformas más amplias en el sector del juego
El presupuesto se presenta apenas un mes después de que el gobierno federal australiano anunciara un paquete de reformas del juego centrado en la publicidad y en la limitación de los operadores extranjeros. Dichas reformas, que entrarán en vigencia en enero de 2027, ponen fin a años de debate iniciado con la enmienda a la Ley de Juegos de Azar Interactivos de 2001 impulsada por la difunta legisladora Peta Murphy, quien solicitó la prohibición de la publicidad de juegos de azar junto con otras 31 recomendaciones de reforma.
Bajo las nuevas normas, quedará completamente prohibida la publicidad televisiva de apuestas durante transmisiones deportivas en vivo. También se restringirá la publicidad radial durante horarios de protección infantil. En el entorno digital, los anuncios de apuestas solo podrán mostrarse a usuarios que hayan iniciado sesión, sean mayores de 18 años y hayan optado activamente por recibirlos.
En conjunto, el plan presupuestario y las reformas regulatorias configuran la respuesta más amplia que haya emprendido Australia frente a los daños sociales y económicos asociados al juego en línea.
