Barcelona había implementado en 2021 un plan urbanístico pionero en España para limitar la expansión de casinos, bingos y salones de juego en su territorio. Entre sus medidas más estrictas destacaban las distancias mínimas de 800 metros respecto a centros educativos y de 450 metros frente a centros de salud, servicios sociales o zonas infantiles. El objetivo era reducir el impacto del juego en colectivos vulnerables y evitar su concentración en barrios populares.
Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Supremo anuló ese plan por considerar que las restricciones eran desproporcionadas y no estaban suficientemente justificadas desde el punto de vista técnico. El fallo recordó que el derecho a emprender actividades económicas también debe ser protegido por las administraciones públicas.
El Ayuntamiento suspende nuevas licencias por un año
En respuesta a la decisión judicial, el Ayuntamiento de Barcelona ha decretado la suspensión temporal de la concesión de licencias para abrir nuevos establecimientos de juego. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, tendrá una duración inicial de 12 meses, con posibilidad de prorrogarse por un año adicional.
Durante ese periodo, las autoridades municipales trabajarán en la elaboración de un nuevo Plan Especial Urbanístico que cumpla con los criterios establecidos por el Tribunal Supremo y con los objetivos sociales que el consistorio considera prioritarios: evitar el aumento de la ludopatía, proteger a menores de edad y mantener la cohesión social en los barrios más expuestos a la presión del juego presencial.
Las claves del nuevo enfoque urbanístico
El nuevo plan deberá fundamentarse en estudios técnicos sólidos que justifiquen cualquier restricción territorial. Esto incluirá mapas de distribución, análisis de impacto en la salud pública, datos socioeconómicos y comparativas con otras ciudades europeas. Además, el Ayuntamiento ha anunciado que abrirá un proceso de consulta pública con entidades vecinales, expertos en salud mental, organizaciones sociales y representantes del sector del juego.
Según el equipo de gobierno liderado por Jaume Collboni, el nuevo modelo no buscará prohibir la actividad del juego, sino ordenar su presencia en el espacio urbano bajo criterios de proporcionalidad y evidencia.
Un debate que trasciende Barcelona
La decisión judicial y la reacción del Ayuntamiento han reabierto el debate en toda España sobre los límites de la planificación urbanística frente a la libertad económica. Mientras que asociaciones de comerciantes y empresarios del sector celebran la decisión del Supremo, argumentando que los ayuntamientos no pueden imponer restricciones arbitrarias, diversas plataformas vecinales y expertos en salud pública alertan del riesgo de desregular espacios sensibles.
En ciudades como Madrid o Valencia, también se han aplicado moratorias o restricciones similares, por lo que la experiencia de Barcelona podría convertirse en un caso de referencia nacional en cuanto a cómo adaptar las políticas locales a los criterios de proporcionalidad exigidos por los tribunales.
Barcelona se enfrenta a un reto jurídico y político de gran envergadura: rediseñar su política sobre el juego presencial en un contexto donde los intereses sociales, sanitarios y económicos se cruzan. La suspensión de licencias no es un cierre, sino una pausa para repensar un modelo urbano más justo y legalmente sostenible. El éxito del futuro plan dependerá de su capacidad para combinar protección social con seguridad jurídica.
