La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil solicitó al Tribunal Supremo Federal (TSF) que suspenda la Ley 16.508/2026, aprobada por el estado de Rio Grande do Sul, que impone restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de plataformas de apuestas deportivas de cuotas fijas. El procurador general, Paulo Gonet Branco, presentó su dictamen el pasado 17 de agosto y calificó la norma de inconstitucional.
El caso llega al Tribunal Supremo de Brasil
El proceso se tramita como Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 7.971, bajo la ponencia de la ministra Cármen Lúcia. La demanda partió de la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), que agrupa a empresas del sector de apuestas de cuotas fijas. La Fiscalía General de la República (AGU) también respaldó la medida cautelar y sostuvo que la ley estatal invade funciones que corresponden solo al Gobierno Federal. El fallo podría marcar un precedente vinculante para las numerosas leyes municipales y estatales que ya restringen la publicidad de apuestas y juegos en línea en Brasil.
Los argumentos de la Fiscalía
Según la PGR, la ley de Rio Grande do Sul no se limita a proteger al consumidor, sino que crea un régimen propio para regular publicidad, patrocinio, supervisión, rendición de cuentas y sanciones en el sector de apuestas. La Constitución reserva esa materia de forma exclusiva al Gobierno Federal, de acuerdo con el artículo 22, incisos XX y XXIX.
Gonet Branco admite que la ley federal vigente, la Ley 14.790/2023, resulta insuficiente para proteger a los ciudadanos frente a los efectos del mercado de apuestas virtuales. Sin embargo, aclara que esa insuficiencia no traslada la competencia legislativa a los estados. El dictamen retoma argumentos ya planteados en la ADI 7.749, donde la Fiscalía sostuvo que la actividad de apuestas, mientras no cuente con una regulación completa, se considera un delito conforme a la Ley de Infracciones Penales.
El documento también cita el precedente vinculante n.º 2 de la Corte Suprema de Brasil, que prohíbe a los estados legislar sobre consorcios y loterías, además de fallos previos que reconocen la competencia exclusiva de la Unión en esta materia.
Artículos cuestionados de la ley en Brasil
El dictamen identifica varios puntos de la norma gaúcha que, según la PGR, invaden competencias federales sobre telecomunicaciones y radiodifusión, recogidas en el artículo 22, inciso IV de la Constitución. Entre ellos figuran las reglas sobre emisión audiovisual, eliminación de contenido, bloqueo de sitios web y obligaciones para proveedores.
La Fiscalía también señala una posible invasión de competencia en materia de Derecho Civil y Mercantil. El artículo 9 de la ley estatal establece responsabilidad compartida entre plataformas, agencias de publicidad, medios y proveedores. El artículo 10 obliga a supervisar y retirar contenido, mientras que el artículo 14 exige a las empresas que ya operan en el estado ajustar sus campañas y contratos de patrocinio en un plazo de 120 días.
La norma también limita la publicidad audiovisual de apuestas al horario entre las 21:00 y las 6:00 en televisión abierta, televisión de pago, plataformas de streaming y radio. Exige además que las advertencias ocupen al menos el 15% del espacio total del anuncio y prohíbe la publicidad cerca de colegios, guarderías y espacios deportivos dirigidos a menores.
Qué pasaría si se suspende la ley
El procurador general precisa que una eventual suspensión de la norma no habilitaría la publicidad de apuestas en Rio Grande do Sul. Al contrario, mientras la legislación federal siga considerándose insuficiente, la suspensión mantendría la actividad como ilegal en el estado, con las sanciones administrativas y penales previstas por la ley federal.
Gonet Branco advierte que la demora en resolver el caso afecta contratos, patrocinios deportivos, medios de comunicación y plataformas digitales, ya que la ley se encuentra vigente. Por ello, propone que la medida cautelar se convierta directamente en sentencia definitiva, pues considera que las partes ya debatieron a fondo todos los argumentos sobre la inconstitucionalidad de la norma.
