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Brasil: Asociaciones de apuestas advierten sobre los riesgos de elevar la carga tributaria

Brasil - Revista Casino Perú

Apuestas en Brasil enfrentan una de las cargas fiscales más altas del mundo

Desde la promulgación de la Ley n.º 14.790/2023, los operadores de apuestas en Brasil han cumplido con las reglas del juego. Sin embargo, ya enfrentan una de las estructuras tributarias más pesadas del mundo. 

Pagan hasta un 26% de sus ingresos brutos (sumando el Impuesto al Juego, PIS/COFINS e ISS), un 34% sobre sus ganancias (IRPJ y CSLL), y además una tasa mensual de inspección que puede llegar a los R$2 millones por operador.

Nuevo modelo tributario en Brasil elevaría impuestos hasta el 50%

Y la situación podría empeorar. Con la transición al nuevo modelo tributario, el reemplazo del PIS/COFINS e ISS por el CBS y el IBS añadiría un 13% adicional sobre los ingresos brutos. 

A eso se suma la reciente aprobación del Impuesto Selectivo en Brasil, cuya tasa aún no se ha definido, pero que acercaría la carga fiscal total a casi el 50%. Esto pondría en serio riesgo la viabilidad económica del mercado regulado de apuestas online en Brasil.

Sector de apuestas ya aporta miles de millones en impuestos

El sector, vale recordarlo, ya ha invertido fuertemente: actualmente hay 79 operadores autorizados que aportaron más de R$2.400 millones solo para obtener sus licencias. Se estima que en 2025 contribuirán con más de R$4.000 millones en impuestos destinados a áreas clave como salud, seguridad, educación, turismo y deportes. 

Además, operan bajo estricta vigilancia regulatoria, cumpliendo con exigencias como la prevención del lavado de dinero, el combate al amaño de partidos y la promoción del juego responsable.

Más impuestos podrían favorecer el mercado ilegal de apuestas

Por eso, las asociaciones advierten que imponer nuevos tributos al sector regulado —que ya está dando resultados y cumpliendo con el marco legal— no solo es injustificable, sino contraproducente. 

En lugar de fortalecer las finanzas públicas, una medida así podría empujar a los consumidores hacia plataformas ilegales, que no tributan ni cumplen normas, y que exponen a los jugadores a fraudes, adicción y otros riesgos.

De hecho, ejemplos internacionales como Italia y España muestran que una carga tributaria excesiva en mercados recién regulados tiende a impulsar el crecimiento del juego ilegal. 

En Brasil, la amenaza ya es tangible: mientras el mercado legal movió R$3.100 millones mensuales en el primer trimestre de 2025, el mercado clandestino manejó entre R$6.500 y R$7.000 millones al mes, sin ningún control estatal.

Empresas podrían abandonar Brasil ante el alza de impuestos

Este panorama podría agravarse aún más. Algunas empresas ya consideran devolver sus licencias y abandonar el país si se concretan los nuevos impuestos. Esto no solo debilitaría al mercado regulado, sino que daría ventaja competitiva a los operadores ilegales, socavando los objetivos fundamentales de la regulación: recaudar, proteger al consumidor y asegurar la integridad del sistema.

Además, las licencias fueron adquiridas bajo condiciones claras, que definieron los modelos de negocio y justificaron las inversiones. Cambiar esas reglas de manera abrupta podría provocar litigios, desalentar nuevas inversiones y generar una enorme incertidumbre en un mercado que aún se está consolidando. Esto amenaza la previsibilidad regulatoria, un pilar esencial para el desarrollo económico sostenible.

Sector exige soluciones estructurales en lugar de más impuestos

Frente a este escenario, las entidades firmantes reiteran su disposición al diálogo institucional, pero rechazan con firmeza que se intente responsabilizar al sector regulado por el desequilibrio fiscal del país. Consideran que las soluciones deben venir de reformas estructurales y sostenibles: mejor gestión del gasto público, eficiencia en el uso de recursos, regulación de sectores aún informales y estudios de impacto antes de imponer nuevas obligaciones.

Finalmente, las asociaciones hacen un llamado claro: una tributación eficiente no puede confundirse con un castigo fiscal. Subir desproporcionadamente los impuestos a un sector aún en proceso de maduración no solo pone en jaque su viabilidad, sino que contradice el espíritu de la política pública: construir un entorno legal, seguro y responsable para los consumidores.

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