La Comisión de Asuntos Económicos (CAE) del Senado de Brasil aprobó el último martes el informe del senador Angelo Coronel sobre el Proyecto de Ley 3626/2023, que regula las apuestas deportivas online o ‘bets’.
La propuesta establece reglas para el funcionamiento de las casas de apuestas en Brasil y un impuesto del 12 % a las empresas; además establece una tasa impositiva del 15 % sobre los premios obtenidos por los apostadores por un monto superior a los 2112 reales brasileños. Ambos porcentajes son menores a los propuestos inicialmente.
Las reglas propuestas deben aplicarse a las llamadas apuestas de cuota fija en eventos deportivos reales y de juego online. En la sesión de ayer fracasaron los intentos de eliminar los casinos en línea de la legislación, después de que en septiembre se añadieron de manera inesperada.
El texto también establece que el deporte de fantasía no constituye la explotación de una modalidad de lotería por desarrollarse en un entorno virtual y está exenta de autorización de las autoridades públicas.
Además, se mantuvo la propuesta de la concesión fija de 30 millones de reales brasileños por 5 años para tres licencias y que los operadores deben tener un socio brasileño que posea al menos el 20 % del capital de la empresa en Brasil.
La aprobación del texto por parte de la CAE da luz verde para que el proyecto pase al Pleno del Senado. La votación plenaria tendría lugar el próximo 28 de noviembre.
El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, había adelantado que era “difícil” que el proyecto de ley sea votado este miércoles en el Pleno y este jueves tampoco por motivo de la sesión del Congreso Nacional.
“Esto puede ser el martes de la semana que viene”, afirmó Pacheco. No obstante, medios brasileños dicen que el quórum podría reducirse la próxima semana porque varios senadores viajarán a Dubai para participar en la COP28 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), entre ellos Angelo Coronel.
Cabe resaltar que, si el Pleno del Senado aprueba el proyecto de ley, este vuelve a la Cámara de Diputados para una mayor evaluación. Si allí obtiene una votación positiva, el texto se dirige al presidente Lula da Silva.
