El panorama fiscal del sector de juegos de azar en Colombia experimentó un giro dramático tras una decisión histórica de la Corte Constitucional que suspendió el impuesto al valor agregado (IVA) del 19% aplicado sobre los ingresos brutos del juego online. El 29 de enero, el tribunal suspendió el Decreto 1390, que el año pasado había declarado un «estado de emergencia económica y social» en el país, alegando serias preocupaciones sobre su constitucionalidad.
Esta decisión judicial representa un evento sin precedentes en la historia constitucional colombiana, siendo la primera vez que la Corte suspende provisionalmente un decreto de esta naturaleza antes de emitir un fallo definitivo. La medida tiene implicaciones inmediatas y potencialmente duraderas para la industria del juego online, que había operado bajo presión fiscal intensificada desde febrero de 2025.
Juan Camilo Carrasco, socio director del despacho legal Sora Lawyers y experto reconocido en derecho del juego, calificó la acción judicial de «sin precedentes» en una publicación de LinkedIn el viernes siguiente al anuncio. Según Carrasco, esta suspensión provisional marca un momento definitorio en la relación entre poderes ejecutivo y judicial en materia de políticas fiscales de emergencia.
Modificación del IVA: de depósitos a ingresos brutos
Durante su vigencia, el mecanismo de aplicación del IVA experimentó una modificación significativa. Aunque originalmente se calculaba sobre los depósitos totales realizados por jugadores, el gobierno posteriormente transfirió la base imponible hacia los ingresos brutos del juego (GGR), una métrica más estándar en regulaciones internacionales.
Esta modificación respondió a críticas técnicas sobre la incongruencia de gravar depósitos, que no representan ingresos para los operadores sino simplemente transferencias de fondos de clientes. Aplicar IVA sobre depósitos implicaba efectivamente gravar la misma transacción múltiples veces cuando un usuario depositaba, jugaba, ganaba y volvía a depositar sus ganancias.
El cambio hacia GGR representó una mejora técnica, pero mantuvo la tasa del 19%, resultando en una carga tributaria combinada del 34% sobre ingresos brutos cuando se suma al impuesto estándar del 15%. Esta estructura fiscal situaba a Colombia entre las jurisdicciones más gravosas para operadores de juego online a nivel global.
El decreto de emergencia estaba programado para expirar el 31 de diciembre de 2025, pero el gobierno había iniciado procesos legislativos para hacer permanente el IVA adicional, generando batalla política que culminó en derrota parlamentaria antes del fallo judicial.
Implicaciones inmediatas de la suspensión judicial
La decisión de la Corte Constitucional tuvo efecto inmediato sobre todas las medidas contenidas en el Decreto 1390, no únicamente aquellas relacionadas con juegos de azar. La suspensión significa que los operadores de juego online autorizados en Colombia ahora están sujetos exclusivamente al impuesto estándar del 15% sobre GGR, eliminando temporalmente la carga tributaria adicional.
Esta reducción fiscal inmediata mejora significativamente los márgenes operativos de empresas del sector legal, potencialmente permitiendo mayor inversión en publicidad, mejoras de producto, programas de juego responsable y expansión de operaciones. Operadores habían reportado que el IVA adicional erosionaba rentabilidad al punto de cuestionar la viabilidad de mantener presencia en el mercado colombiano.
La suspensión permanecerá vigente hasta que la Sala Plena del Tribunal Constitucional se pronuncie definitivamente sobre el decreto de urgencia. Este proceso de revisión constitucional completa no tiene un cronograma definido pero típicamente requiere varios meses, sugiriendo que el alivio fiscal podría extenderse considerablemente.
Perspectivas de mediano plazo: aplazamiento hasta 2027
Carrasco considera plausible que no se promulgue ninguna legislación fiscal nueva afectando al sector de juego online «hasta la próxima administración (a partir de 2027)». Esta perspectiva asume que consideraciones electorales dominarán el calendario político durante 2026, paralizando efectivamente iniciativas tributarias significativas.
No obstante, el abogado no descarta completamente acción gubernamental durante 2026, advirtiendo que «si aumentan las presiones fiscales, se proponga una medida fiscal más reducida» más adelante en el año. Este escenario de contingencia dependería de un deterioro significativo de las finanzas públicas que forzara al gobierno a buscar ingresos adicionales a pesar de costos políticos.
Una «medida fiscal más reducida» podría implicar un IVA de tasa menor (por ejemplo, 10% en lugar de 19%), aplicación limitada a ciertos segmentos del mercado (por ejemplo, solo apuestas deportivas o solo casino online), o estructura temporal claramente definida que reduzca resistencia política.
Impacto en competitividad del mercado legal versus ilegal
La suspensión del IVA adicional mejora significativamente la competitividad del mercado legal colombiano frente a operadores ilegales que no pagan impuestos. Durante el período de vigencia del IVA del 19%, operadores legales reportaron presión competitiva intensificada de sitios no autorizados que podían ofrecer mejores cuotas, bonificaciones más generosas y condiciones superiores al no cargar con obligaciones tributarias.
El mercado negro de juegos de azar online en Colombia se estima moviliza entre $800 millones y $1.200 millones de dólares anuales, representando aproximadamente 40% de la actividad total. Las cargas fiscales excesivas sobre el mercado legal incentivan la migración de jugadores hacia opciones ilegales, erosionando base tributaria y exponiendo consumidores a plataformas sin protecciones.
La reducción de la tasa tributaria efectiva de 34% a 15% mediante la suspensión del IVA posiciona a operadores legales en condiciones más equitativas para competir, potencialmente facilitando migración inversa de actividad desde canales ilegales hacia autorizados, incrementando eventualmente recaudación tributaria neta a pesar de la tasa menor.
