En Ecuador apenas unos días, dos organismos del Estado ecuatoriano emitieron normativas que transforman el panorama del juego en línea en el país. Por un lado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) formalizó la incorporación de los operadores de apuestas deportivas al sistema nacional de prevención del lavado de activos. Por el otro, el Servicio de Rentas Internas (SRI) definió cómo se aplicará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios digitales, incluyendo explícitamente las plataformas de apuestas y juego online.
La coincidencia no parece casual. Ecuador lleva meses discutiendo cómo ordenar un sector que creció con rapidez aprovechando vacíos legales, y las nuevas reglas apuntan a cerrar esos espacios desde dos frentes al mismo tiempo: el control financiero y la tributación.
La UAFE convierte a los operadores en sujetos obligados en Ecuador
Mediante la Resolución N° UAFE-DG-2026-0005, la UAFE estableció que las personas naturales y jurídicas que operen plataformas de apuestas deportivas en Ecuador quedan incorporadas como sujetos obligados dentro del sistema antilavado. Esto significa que, a partir de ahora, su estatus legal se asemeja al de bancos, cooperativas y casas de cambio en materia de prevención de delitos financieros.
En concreto, los operadores deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
- Reportar a la UAFE todas las operaciones inusuales o sospechosas que detecten en sus plataformas.
- Diseñar e implementar sistemas internos de gestión y prevención de riesgos.
- Designar un oficial de cumplimiento dentro de su estructura.
- Completar su registro formal ante el organismo regulador.
Desde la entidad explicaron que la decisión responde al crecimiento sostenido del sector y a los riesgos que implica el uso de plataformas digitales para la circulación de fondos de origen ilícito. El argumento central es que el dinero generado por el crimen organizado puede ingresar al sistema financiero formal disfrazado de ganancias o depósitos en plataformas de apuestas, un mecanismo documentado en otros mercados de la región.
«Refuerza la capacidad del Estado para detectar operaciones irregulares, prevenir delitos financieros y proteger la economía de los ciudadanos», señaló la UAFE al comunicar la medida.
El SRI aplica el IVA del 15% a los servicios digitales de apuestas
La segunda pieza del nuevo marco regulatorio llegó desde el Servicio de Rentas Internas. A través de la Circular Nro. NAC-DGECCGC26-00000004, publicada durante la segunda semana de abril, el SRI estableció los criterios para la aplicación del IVA a los servicios digitales. La lista incluye apuestas deportivas, juego online, pronósticos y plataformas de streaming.
La alícuota fijada es del 15%, aunque el organismo aclaró que el tratamiento impositivo varía según la condición del proveedor. Esta distinción es particularmente relevante para los operadores internacionales que ofrecen sus servicios a usuarios ecuatorianos sin contar con una estructura jurídica en el país, ya que el mecanismo de recaudación del impuesto puede diferir del que se aplica a las empresas locales.
Para los usuarios finales, el efecto práctico dependerá de cómo cada plataforma decida trasladar o absorber ese costo. Históricamente, en mercados donde se introdujo un IVA similar, una parte de los operadores ajustó márgenes y cuotas para no impactar directamente en la experiencia del jugador, mientras que otros optaron por reflejarlo de forma explícita.
Un mercado que llegó grande antes que las reglas
El contexto importa: Ecuador no es el primer país latinoamericano en enfrentarse al desafío de regular un mercado de juego online que creció antes de que existiera un marco legal claro. Argentina, Colombia y Brasil recorrieron caminos similares, con distintos resultados. En todos los casos, el período de transición entre la regulación informal y el cumplimiento efectivo estuvo marcado por tensiones entre operadores, reguladores y usuarios.
En Ecuador, los próximos meses serán clave para medir el impacto real de las nuevas normas. La pregunta que queda abierta es si la carga regulatoria (oficiales de cumplimiento, reportes periódicos, carga impositiva) terminará consolidando a los operadores que ya tienen estructura para absorberla, o si, por el contrario, parte del mercado migrará hacia plataformas no registradas que operen fuera del alcance del Estado.
Lo que está claro es que el país decidió que el juego online ya no puede seguir siendo la excepción dentro de su sistema de control financiero y tributario. El sector tendrá que adaptarse.
