La Junta de Política y Regulación Financiera de Ecuador acaba de marcar un antes y un después para el sector Fintech. A partir del 20 de mayo de 2025, todas las empresas digitales que ofrezcan asesoría financiera o administración de finanzas personales deberán cumplir con requisitos más estrictos para operar legalmente.
La medida busca garantizar seguridad, transparencia y estabilidad en un mercado en crecimiento, pero que hasta ahora operaba con reglas menos claras.
Fintech deben registrarse como sociedades anónimas en Ecuador
En primer lugar, estas empresas —tanto nacionales como extranjeras— deberán constituirse como sociedades anónimas ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Este paso formaliza su operación y las obliga a actuar bajo estándares empresariales reconocidos.
Además, deberán demostrar solidez económica: el capital social mínimo se fija en USD 200.000, un monto que busca evitar que empresas frágiles pongan en riesgo los datos o recursos de los usuarios.
Infraestructura y personal calificado, requisitos clave
Pero no todo es dinero. La resolución también exige que estas plataformas cuenten con infraestructura tecnológica robusta y segura, clave para manejar información financiera sensible.
A esto se suma un requisito humano: el personal debe tener títulos universitarios en Economía, Finanzas o áreas afines, junto con al menos tres años de experiencia general o dos años en el sector financiero. “No se trata solo de tecnología, sino de expertise comprobable”, resalta el texto.
Prohibiciones para evitar fraudes en fintech
Para evitar malas prácticas, la norma prohíbe tajantemente a las fintech garantizar rendimientos a sus clientes, una medida que busca frenar promesas irreales. Tampoco podrán captar depósitos del público ni otorgar créditos, limitando su rol a la asesoría y administración. Además, deberán contratar un seguro de responsabilidad civil, avalado por una aseguradora supervisada, que cubra posibles daños a usuarios.
Supervisión y control de fintech en Ecuador
La Superintendencia de Bancos de Ecuador será la encargada de evaluar y calificar a estas empresas, mientras que en los próximos 90 días —contados desde mayo de 2025— se emitirán normas específicas de control. “Esto no es un capricho, es una necesidad para un sector que maneja la vida financiera de las personas”, explicó un vocero de la Junta.
Ecuador busca evitar casos de fraudes o quiebras que dañen la confianza en las Fintech, un mercado que crece gracias a la digitalización. Al exigir estructura legal, capital sólido y personal calificado, se espera filtrar a actores poco serios. Sin embargo, algunos emprendedores temen que los costos de cumplimiento —como el seguro o el capital mínimo— dificulten la entrada de startups innovadoras.
Mientras tanto, el reloj corre para las empresas: tienen menos de un año para adaptarse o enfrentar sanciones. El mensaje es claro: en el ecosistema Fintech ecuatoriano, la improvisación ya no tiene cabida.
