Con la Ley General de Juegos de Azar ya convalidada en el Senado dominicano, la atención del sector se traslada ahora a una nueva etapa: definir cómo se aplicará el nuevo marco regulatorio y qué ajustes todavía pueden incorporarse. En ese contexto, la Federación Nacional de Bancas de Lotería de República Dominicana (FENABANCA) planteó, junto con otros representantes de la industria, la conformación de una mesa técnica destinada a revisar distintos aspectos de la legislación.
El acuerdo, reportado por el medio local El Día, establece un plazo de 90 días a partir de la promulgación de la norma para que los representantes de los diferentes segmentos involucrados analicen el contenido aprobado, identifiquen posibles dificultades y elaboren propuestas de modificación. Estas recomendaciones serán posteriormente remitidas al Congreso Nacional para su evaluación.
La mesa reúne a FENABANCA, concesionarios de juegos de azar y loterías privadas, la Asociación Dominicana de Casinos de Juegos, la Asociación de Bancas Deportivas (ADOBAD) y la Comisión Hípica Dominicana. La participación de organizaciones vinculadas a distintas modalidades busca incorporar en la discusión las particularidades de cada actividad y sus necesidades frente al nuevo esquema de supervisión.
Voces del sector: respaldo con reservas
Cristian Guzmán, secretario general de FENABANCA, expresó la posición del gremio en declaraciones recogidas por CDN. El representante consideró que la aprobación de la legislación representa un avance para ordenar y actualizar la regulación de una actividad que durante años estuvo sujeta a disposiciones y mecanismos de fiscalización distribuidos entre diferentes organismos.
Sin embargo, el respaldo a la nueva normativa no implica que el sector considere cerrado el proceso. Guzmán señaló que todavía existen aspectos que requieren mejoras y que deberán ser revisados durante el período acordado. De esta manera, la mesa técnica funcionará como un espacio para discutir los puntos que puedan generar dificultades en la aplicación de la ley y plantear alternativas antes de avanzar con modificaciones legislativas.
El objetivo será alcanzar propuestas consensuadas entre los distintos actores, teniendo en cuenta tanto las obligaciones que asumirá la industria como las herramientas que necesitarán las autoridades para supervisar el cumplimiento de las nuevas reglas.
Un regulador para todo el sector en República Dominicana
Uno de los principales cambios planteados por la legislación es la creación de la Dirección General de Juegos, concebida como un organismo autónomo encargado de concentrar las labores de regulación, control y fiscalización de las actividades vinculadas al juego.
La nueva estructura abarcará diferentes modalidades, entre ellas casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas, bingos, tragamonedas y operaciones de juego en línea. Con ello, la República Dominicana busca reducir la dispersión de competencias que caracteriza al modelo actual y establecer una autoridad con alcance sobre los distintos segmentos de la industria.
Mayor control sobre las plataformas sin licencia
El combate contra las operaciones de juego no autorizadas constituye otro de los componentes relevantes del nuevo marco en República Dominicana. La normativa contempla mecanismos de coordinación entre la futura Dirección General de Juegos, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) y las entidades del sistema financiero para detectar sitios y aplicaciones que ofrezcan servicios de juego sin autorización.
De acuerdo con información publicada por el diario Hoy, este esquema permitirá solicitar el bloqueo de dominios y direcciones IP asociados a operadores ilegales. A ello se suma la participación del sistema bancario y de los procesadores de pago, que podrán impedir movimientos financieros vinculados con plataformas que no estén habilitadas para operar en el país.
Restricciones de ubicación y protección de menores
La legislación incorpora además condiciones específicas para la instalación de establecimientos dedicados a las apuestas. Entre ellas se encuentra una distancia mínima de 500 metros respecto de escuelas, iglesias, centros de salud, universidades y estancias infantiles.
La disposición establece un criterio territorial destinado a limitar la presencia de estos establecimientos en zonas próximas a espacios frecuentados por menores y comunidades educativas. Su aplicación también tendrá consecuencias sobre los operadores que incumplan la restricción.
Quienes infrinjan esta disposición podrían enfrentar una inhabilitación de hasta diez años para solicitar nuevas licencias dentro del sector. La sanción forma parte de un régimen que busca reforzar el cumplimiento de las condiciones establecidas para acceder y permanecer dentro del mercado regulado.
