En España, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, inició una ronda de reuniones con distintas asociaciones del sector del juego para analizar las aportaciones recibidas durante la consulta pública abierta en mayo de 2026. Esa consulta tiene como objetivo modificar la Ley de Regulación del Juego de 2011, con el fin de reforzar los mecanismos de control, ampliar las medidas de prevención y fortalecer la lucha contra el juego ilegal.
Durante la consulta participaron ciudadanos, organizaciones y representantes de la industria, quienes pudieron presentar opiniones y propuestas de cara a la futura reforma legislativa. Entre las medidas que analiza el Ministerio destaca la posibilidad de imponer nuevas restricciones a la participación de influencers y celebridades en la promoción de actividades de juego.
El encuentro con ANESAR y sus principales planteamientos en España
El pasado 22 de julio, la DGOJ informó el inicio de esta ronda de reuniones con entidades del sector. Entre los primeros encuentros se destacó el mantenido con la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (ANESAR), que posteriormente dio a conocer algunos de los principales temas abordados durante la cita.
Tras el encuentro, la asociación señaló los siguientes puntos como parte de los asuntos tratados con el regulador:
- La preocupación por una posible expansión de los productos y terminales de juego público hacia nuevos canales de venta que no están sujetos a las mismas exigencias regulatorias que el juego privado.
- El compromiso del sector presencial con la prevención del acceso de menores de edad y de personas inscritas en los registros de prohibición de juego.
- El impulso de sistemas de identificación mediante tecnología biométrica para reforzar los controles de acceso y reducir los casos de suplantación de identidad.
Por su parte, la DGOJ informó que la consulta pública recibió más de medio centenar de alegaciones. Una vez concluida esta fase de reuniones, el organismo elaborará un anteproyecto de ley que volverá a someterse a información y audiencia pública antes de continuar su tramitación.
La reunión con Jdigital y los objetivos de la reforma
Otra de las entidades que participó en esta ronda de encuentros fue Jdigital, la asociación española del juego online. Tras la reunión, la DGOJ publicó un comunicado en el que detalló los principales objetivos que persigue la reforma de la Ley de Regulación del Juego:
- Fortalecer los mecanismos de verificación de identidad y los sistemas de pago para prevenir la suplantación de identidad y el acceso de menores a las plataformas de juego.
- Reforzar las acciones contra el juego ilegal.
- Regular la participación de celebridades e influencers en la publicidad de actividades de juego.
- Incorporar nuevas herramientas para seguir fortaleciendo la protección de las personas jugadoras.
Jdigital adelanta que ampliará su respuesta a la consulta
SBC Noticias se comunicó con Jdigital para conocer en detalle las propuestas y recomendaciones que la asociación presentó durante su reunión con la DGOJ. La organización adelantó que responderá a la consulta en los próximos días, por lo que este artículo será actualizado cuando haya más información disponible.
La reforma de la Ley de Regulación del Juego representa una de las revisiones más relevantes del marco normativo español desde la aprobación de la norma en 2011. Además de actualizar los mecanismos de supervisión frente a los avances tecnológicos y las nuevas modalidades de juego, el Gobierno busca endurecer los controles sobre la publicidad, reforzar los sistemas de identificación de los usuarios y dotar a la DGOJ de mayores herramientas para combatir la oferta ilegal. Las aportaciones de asociaciones como ANESAR y Jdigital formarán parte del análisis previo a la elaboración del anteproyecto de ley, que posteriormente será sometido a un nuevo proceso de audiencia pública antes de iniciar su tramitación parlamentaria. El contenido definitivo de la reforma dependerá del consenso alcanzado entre el regulador y los distintos actores del sector durante las próximas fases del proceso.
