Desde el inicio del mercado regulado de apuestas en Brasil, el Ministerio de Hacienda ha intensificado las labores de fiscalización sobre los operadores con licencia. Como resultado, abrió más de 100 procesos administrativos tras realizar cerca de 200 inspecciones a 73 de las 85 casas de apuestas autorizadas por la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA/MF). En consecuencia, alrededor del 86% de las empresas habilitadas ya fueron objeto de alguna actuación del regulador.
Advertencias, multas y una única suspensión en Brasil
De los procesos concluidos definitivamente, 39 ya alcanzaron una sentencia firme. De ese total, 32 terminaron en advertencias y siete en la imposición de multas. Solo uno de los expedientes contempló la suspensión temporal de actividades, aunque la medida quedó sin efecto después de que la empresa involucrada subsanara la irregularidad.
La única suspensión aplicada hasta el momento fue la de Pixbet, que no estaba registrada en la plataforma Consumidor.gov, un requisito exigido a los operadores autorizados. La sanción finalmente no se hizo efectiva porque la empresa regularizó su registro. Hasta la fecha, ninguna empresa vio revocada su autorización federal, una sanción que implicaría la pérdida de la licencia adquirida por unos USD 5,9 millones.
Además de estas decisiones, otras 10 multas todavía pueden ser impugnadas administrativamente. Si se suma la multa de aproximadamente USD 0,45 millones aplicada a Blaze por publicidad dirigida a menores, las sanciones financieras impuestas por el Ministerio de Hacienda ascienden a cerca de USD 2,1 millones en total.
En paralelo, el número de demandas judiciales presentadas contra empresas de apuestas creció más del 600% en 2025, de acuerdo con una encuesta de BBC News Brasil.
Las advertencias, la sanción más común aplicada por el regulador de Brasil
Aunque la legislación permite multas de hasta USD 390,6 millones por infracción, las sanciones económicas aplicadas hasta la fecha representaron menos del 0,5% de los ingresos de los operadores sancionados.
En el caso de Blaze, por ejemplo, la multa correspondió a aproximadamente el 0,2% de unos ingresos brutos por juego (GGR) de cerca de USD 214,8 millones, tras deducir impuestos, cotizaciones sociales y gastos de bonificación.
Por ello, un operador puede acumular distintos incumplimientos sin ser catalogado como reincidente si corresponden a conductas diferentes. En esos casos, el regulador suele optar por advertencias, salvo cuando la gravedad de la infracción justifica una sanción más severa, como ocurrió con Blaze.[1]
Procesos que pueden extenderse por meses
Los procedimientos administrativos abiertos por la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) pueden prolongarse durante varios meses debido a las distintas etapas previstas por la normativa brasileña. Cada expediente debe atravesar un proceso que incluye la notificación formal al operador, la presentación de la defensa, el análisis de las pruebas por parte de la autoridad competente y, de ser necesario, la interposición de recursos administrativos.
Según la legislación federal sobre procedimientos administrativos, solo la etapa de apelación puede extenderse hasta 150 días, por lo que la resolución definitiva de un caso puede demorarse considerablemente. Incluso una vez concluido el proceso administrativo, las empresas sancionadas conservan el derecho de impugnar las decisiones de la SPA ante la Justicia, lo que puede prolongar aún más los tiempos hasta obtener un fallo firme.
En declaraciones a Folha de S.Paulo, el Ministerio de Hacienda señaló que prevé fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanción durante el cuarto trimestre de 2026, con el objetivo de agilizar la tramitación de los expedientes y reforzar la protección de los consumidores.
Entre las medidas que estudia implementar el organismo figura la creación de mecanismos de compensación para los apostadores que hayan sufrido perjuicios como consecuencia de infracciones cometidas por operadores regulados. La iniciativa busca ampliar las herramientas de protección al usuario y complementar el actual marco regulatorio, que desde enero de 2025 ha intensificado la supervisión sobre el mercado brasileño de apuestas online.
