El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., anunció una prohibición inmediata de las operaciones de juego offshore (POGO) en su país. Ante esta situación, el senador Joel Villanueva propuso una legislación para hacer permanente la prohibición.
En septiembre de 2022, Villanueva presentó el Proyecto de Ley del Senado N.º 1281, conocido como la Ley Anti-Juego en Línea, que abogaba por la abolición de la industria de los POGO.
El legislador presentó recientemente el Proyecto de Ley del Senado N.º 2752, el cual busca derogar la legislación que grava a los POGO. Además, propone que los titulares de licencias de juegos de azar en internet tendrán 30 días para cesar sus operaciones o enfrentarán hasta 20 años de prisión y una multa de 100 millones de pesos filipinos.
De ser aprobada esta iniciativa, también requerirá que el Departamento de Trabajo y Empleo (DOLE) establezca un programa de transición para los trabajadores de POGO afectados.
Aún es incierto el impacto de la prohibición de los operadores de juegos en línea con licencia en Filipinas en los proveedores de la industria. Específicamente, se plantean interrogantes sobre aquellos que brindan servicios a operaciones de juegos nacionales y a los propios POGO.
Recientemente, PAGCOR (la Autoridad Reguladora de Juegos y Casinos de Filipinas) envió un memorando a los participantes de la industria, confirmando que la industria del juego offshore mantendría su estado actual hasta que se aclare más la prohibición.
Si la norma se oficializa, los operadores de juegos offshore no tendrán más opción que cerrar y los proveedores deberán justificar su existencia ante PAGCOR, argumentando que también prestan servicios a empresas que no son POGO. Estas empresas pueden incluir casinos terrestres, operadores de salas de juego y otros.
La prohibición de Marcos fue muy elogiada en su país y Villanueva la considera necesaria para evitar que futuras administraciones permitan el regreso del juego extraterritorial.
Sin embargo, algunos defensores de los POGO argumentan que los operadores legales contribuyen al empleo y al desarrollo económico.
