29.100 ese es el número de licencias para juegos hípicos virtuales que la Comisión Hípica Nacional de República Dominicana admitió haber emitido a lo largo de toda su historia, tras semanas de acusaciones cruzadas con el sector de las bancas deportivas. La cifra, lejos de cerrar la controversia, terminó convertida en munición para el lado contrario: la Asociación Dominicana de Bancas Deportivas (ADOBAD) la tomó como punto de partida para pedirle formalmente al Senado que revise el proyecto de Ley General de Juegos de Azar antes de avanzar con su aprobación.
El origen del cruce está en una denuncia previa. ADOBAD, junto a la Asociación Nacional de Bancas Deportivas (Asonabade), había acusado al organismo que preside Francisco Pavonessa Grullón de haber otorgado más de 70.000 licencias para este tipo de operaciones virtuales. La Comisión salió a desmentir ese número públicamente y ofreció su propia contabilidad: 60.000 solicitudes recibidas en total, de las cuales solo 29.100 terminaron convertidas en licencias efectivas.
La diferencia entre ambas cifras no solo expuso la falta de consenso sobre el alcance real de las autorizaciones, sino que abrió una discusión más amplia sobre el modelo bajo el cual se están desarrollando los juegos hípicos virtuales en el país. Para las bancas deportivas, el caso demuestra la necesidad de establecer límites más claros antes de que el Congreso apruebe una nueva legislación para el sector.
Por qué una cifra menor no tranquiliza a las bancas deportivas en República Dominicana
Que el número real resultara inferior al denunciado no cambió la posición de ADOBAD. Todo lo contrario: para la asociación, incluso esa cifra «oficial» alcanza para justificar sus reclamos, porque funciona como evidencia de que el sistema actual ya permite un nivel de expansión del juego virtual que consideran preocupante.
La lectura de fondo tiene que ver con lo que podría venir. Si el Congreso aprueba la Ley General de Juegos de Azar en su redacción actual, sostienen desde ADOBAD, el escenario de las licencias hípicas podría multiplicarse en otros segmentos del juego. La preocupación puntual pasa por la eventual proliferación de casinos digitales instalados en espacios de acceso libre, sin restricciones claras que impidan su alcance a menores de edad.
Un dato adicional alimenta ese argumento: según ADOBAD, buena parte de las licencias que la Comisión Hípica confirmó haber emitido quedaron en manos de bancas de loterías que operan directamente en la vía pública, lo que en su visión abre una puerta adicional a la expansión del juego fuera de los circuitos regulados.
La asociación considera que esta situación debería ser analizada por los legisladores antes de definir el nuevo marco regulatorio. Su pedido apunta a que el proyecto no solo contemple las condiciones para autorizar nuevas modalidades de juego, sino también mecanismos efectivos de supervisión, control y protección de los usuarios.
Dos marcos legales en pugna: Decreto 480-19 contra Ley 494-06
Detrás de la disputa por los números hay una discusión jurídica más profunda sobre quién tiene la autoridad para autorizar este tipo de juegos. La Comisión Hípica Nacional defiende su actuación amparándose en el Decreto 480-19, la norma que definió los juegos hípicos virtuales como juegos electrónicos operados mediante terminales bajo su propia autorización.
ADOBAD responde con otro argumento legal: sostiene que la Ley 494-06, vigente desde hace casi dos décadas, trasladó al Ministerio de Hacienda la potestad de autorizar operaciones de juegos de azar, por lo que cuestiona que la Comisión Hípica continúe emitiendo licencias por fuera de ese esquema.
El Senado, en el medio de dos posiciones enfrentadas
Todo este pulso ocurre en paralelo al trámite que el Senado dominicano lleva adelante sobre el proyecto que crearía la Dirección General de Juegos, pensada como el organismo encargado de reorganizar, regular y fiscalizar de forma centralizada la industria del juego y las apuestas en el país.
Para ADOBAD, el debate sobre las licencias hípicas debería ser considerado dentro de la discusión legislativa antes de que el proyecto avance. La asociación busca que los senadores revisen las disposiciones relacionadas con las nuevas modalidades de juego y las condiciones bajo las cuales podrían operar.
Del otro lado, la Comisión Hípica Nacional sostiene la validez de las autorizaciones emitidas bajo el marco que considera vigente. La diferencia de criterios deja así una discusión abierta que combina aspectos regulatorios, jurídicos y de control sobre la expansión de las apuestas virtuales.
El desenlace de este debate legislativo definirá, en los próximos meses, si el modelo de licenciamiento que hoy cuestiona ADOBAD se mantiene, se corrige o se traslada por completo a una nueva autoridad reguladora. Mientras tanto, las 29.100 licencias reconocidas por la Comisión Hípica se han convertido en uno de los principales puntos de referencia para discutir hasta dónde debería llegar el nuevo marco de regulación del juego en República Dominicana.
