Brasil vive un nuevo capítulo del debate sobre cómo medir el impacto real de las apuestas deportivas de cuotas fijas en la economía de los hogares. Esta vez, el cruce de posiciones tiene como protagonistas a un organismo que agrupa a las secretarías de hacienda estatales y a una de las asociaciones que representa al sector del juego legal en el país.
Un número que disparó la polémica
Todo comenzó con un estudio de la Comisión Nacional de Secretarías de Hacienda, Ingresos y Tributación de los Estados y del Distrito Federal (Comsefaz), conocido públicamente el pasado 6 de agosto a través de SBC Notícias Brasil. El trabajo concluyó que, durante 2025, el dinero que salió de los bolsillos de las familias brasileñas hacia empresas de apuestas —descontando lo que esas mismas familias recibieron de regreso— rondó los 62.500 millones de reales, unos 12.250 millones de dólares al cambio actual de aproximadamente 5,10 reales por dólar.
El cálculo se apoyó en el rastreo de transferencias hechas mediante Pix, el sistema de pagos instantáneos que domina buena parte de las transacciones digitales del país.
La respuesta de la industria: «el número no cierra»
La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) no tardó en salir a responder. Para la entidad, el estudio de Comsefaz arrastra un problema de origen: confunde el universo de datos que analiza. Las transferencias rastreadas, explicó la asociación, no corresponden únicamente a casas de apuestas, sino a un grupo mucho más amplio de personas jurídicas clasificadas bajo cuatro rubros: artes, cultura, deportes y recreación. Dentro de esa canasta entran decenas de proveedores de entretenimiento ajenos al juego online, lo que —según la ANJL— habría inflado artificialmente el resultado final.
A eso se suma, dice la asociación, un error en la delimitación temporal de los datos analizados y la omisión de un fenómeno de fondo: el crecimiento acelerado de la bancarización en Brasil, que empujó a millones de personas a adoptar Pix como su método de pago preferido para todo tipo de gastos, no solo para apostar.
Lo que dicen los números oficiales
El contraargumento más contundente de la ANJL llega de la mano de la propia Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA/MF), el regulador del sector. Según sus registros, el ingreso bruto del juego (GGR, por sus siglas en inglés) de las casas de apuestas en Brasil durante 2025 fue de aproximadamente 37.000 millones de reales, cerca de 7.255 millones de dólares.
Esa cifra equivale a poco más de la mitad de lo que Comsefaz atribuyó como pérdida de las familias brasileñas, una diferencia que la ANJL considera suficiente para calificar de infundada la conclusión del estudio.
El factor que Comsefaz no habría considerado: el mercado ilegal
Uno de los argumentos más específicos de la ANJL tiene que ver con las operaciones no autorizadas. La asociación citó cifras de la propia SPA/MF que muestran la magnitud de la ofensiva regulatoria contra el juego ilegal entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, exactamente el mismo tramo que cubre el estudio cuestionado: 25.000 sitios de apuestas bloqueados y al menos 550 cuentas bancarias vinculadas a esas operaciones cerradas por las autoridades.
Para la ANJL, mezclar en un mismo cálculo el dinero que circula por plataformas ilegales con el que se mueve dentro del mercado regulado —sin distinguir uno de otro— termina distorsionando cualquier lectura sobre el verdadero tamaño del sector legal.
Una industria que pide que la evalúe el regulador, no un organismo fiscal
Más allá del choque de cifras, el comunicado de la ANJL plantea un reclamo de fondo: que la evaluación pública del sector de apuestas quede en manos de la autoridad que efectivamente lo supervisa, la SPA/MF, y no de organismos que —a juicio de la asociación— publican datos sin el contraste metodológico necesario.
La entidad calificó la difusión del estudio de Comsefaz como irresponsable y advirtió que este tipo de episodios puede alimentar una percepción distorsionada sobre un mercado que, desde su regulación, opera bajo supervisión estatal y reporta sus cifras de manera oficial.
El desenlace de esta disputa podría influir en cómo se debatan, de cara a los próximos meses, la carga fiscal y las eventuales reformas normativas que rigen a las apuestas deportivas en Brasil.
