La Corporación Filipina de Juegos y Entretenimiento (PAGCOR) intensificó sus controles de integridad sobre operadores de casinos desde que Filipinas fue retirada, en febrero de 2025, de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo que supervisa los estándares globales contra el lavado de dinero. Así lo detalló un informe publicado por la firma especializada en derecho de juegos de azar Arden Consult, que analizó en profundidad el funcionamiento del nuevo marco regulatorio.
Según el documento, el fortalecimiento de estos controles no responde a un mero formalismo burocrático, sino a un compromiso concreto con las exigencias internacionales en materia de prevención del lavado de activos, en particular con la Recomendación 28 del GAFI, que obliga a los reguladores a impedir que delincuentes y sus asociados controlen o gestionen casinos.
El peso de haber estado en la lista gris
La permanencia de Filipinas en la lista gris del GAFI implicó un período de mayor escrutinio internacional sobre el sistema financiero del país, lo que elevó la presión sobre PAGCOR para demostrar la solidez de sus mecanismos de control. Tras la implementación de una serie de reformas sostenidas, el país logró salir de esa lista, un hito que reforzó la confianza en su sistema financiero y que, según el informe, PAGCOR busca ahora proteger mediante controles de integridad más estrictos.
Cuándo se activan las verificaciones de probidad
El nuevo marco establece que las verificaciones de integridad se disparan en distintos escenarios. El más habitual es la solicitud de una licencia nueva o su renovación, pero también se activan ante eventos intermedios, como cambios en la junta directiva, en los funcionarios corporativos, en la propiedad o en la titularidad real de una empresa licenciataria.
Además, informes adversos, sospechas de irregularidades y revisiones anuales rutinarias pueden derivar en una verificación adicional. El marco exige a las entidades autorizadas notificar a PAGCOR por escrito dentro de los 15 días naturales posteriores a cualquier cambio en su junta directiva, funcionarios o propietarios. El incumplimiento de ese plazo puede generar sospechas sobre la operación, incluso cuando no exista una irregularidad de fondo.
Tres niveles de intensidad según el riesgo
Uno de los aspectos centrales del sistema es su estructura escalonada. Las verificaciones de integridad pueden analizar desde la identidad y el domicilio de una persona hasta su historial crediticio y financiero, además de cotejar esos datos con listas internacionales de vigilancia contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El marco contempla tres niveles de revisión. El Nivel 1, de evaluación mínima, está destinado a solicitantes de bajo riesgo y es realizado directamente por el Departamento de Investigación y Verificación (IVD) de PAGCOR. Los Niveles 2 y 3, de intensidad intermedia y avanzada respectivamente, corresponden a solicitantes de riesgo medio y alto, y son ejecutados por verificadores de integridad externos acreditados, cuyos costos debe afrontar el propio solicitante.
Para garantizar la equidad del sistema, PAGCOR exige que las tarifas cobradas por estos verificadores externos sean transparentes y razonables, evitando que se apliquen precios excesivos o arbitrarios en las evaluaciones de mayor complejidad.
Quién decide el nivel de revisión
El nivel de escrutinio asignado a cada solicitante no es una elección del propio operador, sino el resultado de una evaluación de riesgos realizada por el departamento de licencias de PAGCOR. Esta evaluación toma en cuenta el tamaño de la empresa, la complejidad de su estructura de propiedad, su exposición geográfica, su situación financiera y su historial de cumplimiento normativo.
Cada nivel se construye sobre el anterior, sumando controles financieros, penales y de detección de fraude cada vez más exhaustivos.
Plazos, riesgos de incumplimiento y consecuencias
De acuerdo con el informe de Arden Consult, la mayoría de las verificaciones de antecedentes se completan dentro de los 30 días posteriores a la presentación de toda la documentación requerida, y la causa más frecuente de demora es la presentación incompleta de información.
Sin embargo, las consecuencias de omitir documentación de forma deliberada o de proporcionar datos engañosos son considerablemente más severas que un simple atraso administrativo. Según el documento, una nueva solicitud puede ser rechazada o considerada retirada, una licencia ya existente puede ser suspendida o revocada, y en los casos de fraude comprobado, PAGCOR puede iniciar acciones legales contra los responsables. El informe concluye que entregar información completa y veraz es la mejor forma de evitar sanciones y demoras durante el proceso de evaluación.
