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Países Bajos recauda mucho menos de lo previsto tras endurecer los impuestos y la regulación del juego online

Países Bajos

La recaudación quedó muy por debajo de las previsiones oficiales

El desempeño de la reforma fiscal estuvo lejos de las expectativas del gobierno neerlandés. Las autoridades estimaban que el incremento del impuesto al juego generaría USD 123,1 millones adicionales en 2025 y USD 246,2 millones en 2026. Sin embargo, el informe elaborado por el Ministerio de Finanzas y la Kansspelautoriteit (KSA) muestra una realidad muy distinta: la recaudación adicional alcanzó apenas USD 2,3 millones en 2025 y USD 65 millones en 2026, lo que representa una brecha acumulada cercana a USD 114 millones respecto de las proyecciones oficiales.

Los factores que redujeron la base imponible

De acuerdo con la KSA, la principal causa del bajo rendimiento fiscal fue la caída de los ingresos brutos del juego (GGR), que redujo significativamente la base sobre la que se aplica el impuesto. Aunque el organismo reconoce que es difícil atribuir este descenso exclusivamente al aumento de la carga tributaria, el informe sostiene que la combinación de diversas medidas regulatorias terminó afectando la actividad del mercado legal.

Entre los factores identificados figuran los límites mensuales de depósito, vigentes desde octubre de 2024, que establecen un tope de USD 342 para jugadores menores de 24 años y de USD 798 para el resto de los usuarios. A ello se sumó la prohibición de la publicidad de juegos de azar en programas de televisión, aplicada desde julio de 2024, así como el veto al patrocinio de equipos deportivos, que entró en vigor en 2025.

El informe añade que el impulso temporal generado por la Eurocopa 2024 desapareció rápidamente y que el endurecimiento progresivo del marco regulatorio incrementó la incertidumbre entre los operadores. Como consecuencia, varias empresas redujeron sus operaciones, se reestructuraron o abandonaron el mercado, al considerar que la mayor presión fiscal redujo su rentabilidad y sus posibilidades de crecimiento.

Cabe recordar que la tasa del impuesto al juego pasó del 30,5% al 34,2% el 1 de enero de 2025, antes de volver a incrementarse hasta el 37,8% a comienzos de 2026.

Holland Casino y Nederlandse Loterij, entre los más afectados

El impacto económico fue especialmente significativo para las empresas estatales del sector. Holland Casino registró una reducción de sus beneficios antes de impuestos de aproximadamente USD 30,8 millones en 2025 y USD 61,6 millones en 2026.

Por su parte, Nederlandse Loterij estimó una caída de USD 18,2 millones en 2025 y de USD 38,8 millones en 2026, cifras que incluyen el efecto combinado del impuesto de sociedades, las tasas obligatorias y la disminución de los beneficios operativos.

El deterioro también se reflejó en la actividad presencial. Según el informe, el número de visitantes a casinos y salas de juego cayó cerca de 11% entre el primer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, mientras que continuó disminuyendo la cantidad de establecimientos en funcionamiento en el país.

En cuanto al impacto social, las donaciones destinadas a organizaciones benéficas aumentaron un 1,8% entre 2024 y 2025, pese al contexto económico adverso. En contraste, la financiación dirigida al deporte registró una caída del 3,6%, lo que evidencia que algunos sectores comenzaron a sentir los efectos de la menor rentabilidad de la industria.

Crece la preocupación por el mercado ilegal en Países Bajos

El informe también advierte que el incremento de la presión fiscal y las nuevas restricciones podrían haber debilitado la competitividad del mercado regulado, incentivando a algunos jugadores a migrar hacia plataformas sin licencia.

Esta preocupación coincide con las recientes acciones de VNLOK, la asociación que representa a la industria del juego regulado en Países Bajos, que presentó una queja formal ante la Comisión Europea por la difusión de anuncios en plataformas de Meta que promocionan operadores ilegales. Para la organización, este tipo de publicidad dificulta los esfuerzos por mantener a los jugadores dentro del mercado regulado y pone en riesgo tanto la protección del consumidor como la recaudación fiscal.

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