La controversia entre uno de los gigantes europeos de la industria del juego y el Estado panameño escala a un terreno jurídico internacional. El Grupo Codere, a través de su filial Codere América, notificó formalmente a la Presidencia de la República de Panamá el inicio de un proceso de arbitraje internacional de inversión, invocando el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre España y Panamá. Con esta notificación, quedó habilitado un período de negociaciones entre las partes con el objetivo de alcanzar una solución consensuada antes de que el proceso avance hacia instancias arbitrales formales.
El origen del conflicto: competencia desleal y resoluciones incumplidas
Según la posición de la empresa, el conflicto tiene su raíz en decisiones regulatorias que habrían alterado las condiciones de competencia en el mercado panameño. Codere sostiene que las autoridades permitieron la operación de salas de juego que considera incompatibles con la normativa vigente en el país.
El señalamiento central apunta a la Junta de Control de Juegos (JCJ), organismo responsable de regular y supervisar la actividad de juego y apuestas en Panamá. De acuerdo con la compañía española, el regulador habría actuado de forma parcial al no ejecutar eficazmente resoluciones judiciales previas relacionadas con la habilitación de nuevas salas de tragamonedas.
En particular, el grupo hace referencia a un fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró ilegales determinadas salas de máquinas tragamonedas tipo A. Codere argumenta que esa resolución no fue debidamente acatada por las autoridades competentes, lo que generó una asimetría regulatoria en perjuicio de sus operaciones.
Codere reafirma su compromiso con Panamá pese al arbitraje
A pesar de la gravedad de las acusaciones, la compañía subrayó su voluntad de mantener el diálogo con el Gobierno panameño. En sus comunicaciones oficiales, el grupo reafirmó su compromiso de largo plazo con el mercado local y expresó disposición para participar en negociaciones que permitan resolver el conflicto por una vía consensuada, sin necesidad de llegar a un laudo arbitral.
Actualmente, Codere opera en Panamá en el segmento presencial y en plataformas de apuestas deportivas y casino en línea, con una oferta que incluye tragamonedas, juegos de mesa y póker.
Panamá aprueba nueva ley contra el juego problemático en medio de la controversia
El arbitraje de Codere se produce en un momento de significativa actividad legislativa en el sector. Panamá promulgó recientemente la Ley 527, una normativa orientada a prevenir y controlar el juego problemático tanto en establecimientos físicos como en plataformas digitales de apuestas.
La ley reconoce al juego problemático como un asunto de salud pública e impone nuevas obligaciones a los operadores, entre ellas la implementación de sistemas de verificación biométrica de identidad y edad, la habilitación de límites voluntarios de gasto y tiempo para los usuarios, la emisión de alertas ante conductas de riesgo y el uso de tecnologías de reconocimiento facial en determinados establecimientos.
La normativa también amplía las atribuciones de la propia JCJ para actuar contra operadores que funcionen sin autorización, facultándola para ordenar el bloqueo de sitios web, aplicaciones y otras plataformas no licenciadas. Adicionalmente, contempla auditorías periódicas, nuevas sanciones económicas y la creación de un fondo destinado a financiar programas de prevención y tratamiento de la ludopatía. El Órgano Ejecutivo tendrá un plazo máximo de seis meses para reglamentar la ley.
La combinación de un arbitraje internacional activo y una reforma regulatoria de fondo sitúa al mercado panameño del juego en un punto de inflexión, cuya resolución tendrá implicancias tanto para los operadores locales como para los inversores extranjeros con presencia en el país.
Por el momento, la notificación presentada por Codere abre un período de conversaciones entre las partes, instancia contemplada en los mecanismos de protección de inversiones antes de avanzar hacia etapas arbitrales formales. La evolución de estas negociaciones será clave para determinar si el conflicto puede resolverse mediante un acuerdo o si continuará su curso en el ámbito internacional.
