El gobierno de Puerto Rico avanza en la regulación de su industria del juego con una medida que transformará la forma de fiscalizar las apuestas en la isla. La Comisión de Juegos anunció el inicio del proceso de interconexión obligatoria de todas las máquinas tragamonedas que operan en establecimientos comerciales.
La iniciativa permite al gobierno acceder a datos precisos y en tiempo real sobre los ingresos que genera cada apuesta. Juan Carlos Santaella Marchán, director ejecutivo de la Comisión, confirmó que la Junta de Comisionados aprobó la orden administrativa que pone en marcha este proceso.
«Este proceso, además de ser un mandato de ley, fortalece la fiscalización y garantiza mayor transparencia en los recaudos generados», explicó Santaella Marchán en un comunicado oficial.
Plazos y proveedores certificados en Puerto Rico
El cronograma establece que el período de interconexión comenzará el 14 de enero de 2026. Desde esa fecha, los operadores presenciales contarán con 90 días para presentar sus contratos con alguno de los proveedores de sistemas certificados por la Comisión.
Hasta el momento, la autoridad del juego ha aprobado a siete compañías, entre las que se encuentran Alpha Next Software, Win Systems Solutions y W Games. Otras empresas se encuentran en proceso de certificación.
Para facilitar una transición ordenada, durante un período inicial los operadores podrán utilizar para sus reportes quincenales a aquellas compañías que ya cuenten con un certificado de funcionabilidad emitido por un laboratorio independiente. Esta disposición está pensada especialmente para las máquinas de tecnología limitada.
Distribución de los ingresos fiscales
La medida busca cerrar las brechas de control y maximizar la recaudación para el fisco. El gobierno ha establecido un esquema claro para la distribución de los fondos recaudados.
Los primeros 12 millones de dólares se destinarán al Fondo General del Gobierno. Una vez alcanzado este monto, los ingresos adicionales se repartirán de la siguiente manera: 55% para el Fideicomiso del Retiro de la Policía, 40% para los municipios y 5% para los gastos operativos de la Comisión de Juegos.
Sanciones por incumplimiento
La autoridad del juego en Puerto Rico advirtió sobre las consecuencias para quienes no cumplan con la normativa. Los dueños mayoristas que incumplan con el proceso de interconexión enfrentarán sanciones administrativas, incluyendo multas de hasta 10.000 dólares, así como otras medidas que dispone la reglamentación aplicable.
Expansión y regulación más estricta
La medida se enmarca en un momento de crecimiento para la industria del juego en Puerto Rico. El gobierno publicó planes para abrir cuatro nuevos casinos en los próximos cinco años, como parte de una estrategia para posicionar a la isla como un destino de entretenimiento líder en el Caribe.
En paralelo, el Legislativo avanza con normativas más estrictas. El Proyecto 875 busca frenar con multas y penas de cárcel la proliferación de casinos clandestinos que compiten de forma ilegal y afectan tanto a la industria formal como al turismo.
La combinación de mayor control tecnológico, expansión regulada y sanciones más severas contra operadores ilegales representa un cambio significativo en la forma en que Puerto Rico administra su industria del juego.
