El Poder Ejecutivo de República Dominicana firmó el decreto 197-26, con el que vuelve a reactivar el Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería, apuestas deportivas y demás operadores de juegos de azar. La medida busca retomar y acelerar un proceso de formalización del sector que había quedado inconcluso luego de que se agotaran los plazos establecidos por el entonces Ministerio de Hacienda en 2022.
Desde la Presidencia explicaron que la iniciativa responde al alto volumen de solicitudes de regularización que permanecían pendientes de resolución, y que el nuevo decreto deroga expresamente la normativa anterior, el decreto 295-22, para dar paso a una estructura institucional renovada.
Qué cambia con el decreto 197-26 y por qué se reactivó el plan
La decisión del gobierno dominicano no es un ajuste menor: implica desmantelar el esquema previo y construir uno nuevo con actores distintos y atribuciones más definidas. El contexto que motivó el cambio es claro: el sector del juego en República Dominicana acumula operadores que no completaron su proceso de regularización dentro de los plazos originales, lo que genera informalidad fiscal y dificultades para la supervisión del mercado.
El nuevo marco normativo busca corregir esas fallas estableciendo responsabilidades concretas para cada organismo participante y habilitando mecanismos de incorporación provisional al régimen fiscal mientras avanza la regularización definitiva.
El rol central de la DGII en la supervisión del sector
Uno de los cambios más significativos del decreto 197-26 es el protagonismo que asume la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Esta entidad será responsable de verificar el cumplimiento tributario de los operadores, gestionar su incorporación provisional al régimen fiscal y respaldar los procesos de fiscalización.
Esta decisión refleja una orientación clara del gobierno dominicano: la regularización del juego no es solo una cuestión de orden administrativo, sino también una oportunidad para ampliar la base tributaria y mejorar el control sobre un sector que genera ingresos significativos.
Cómo se integra el nuevo Consejo Consultivo
El decreto también contempla la reorganización del Consejo Consultivo encargado de dar seguimiento al plan. Este órgano reunirá a representantes de múltiples instituciones públicas y privadas: el Ministerio de Hacienda y Economía, la DGII, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) y la Lotería Nacional.
Del lado privado, participarán delegados de Fenabanca, la Asociación de Bancas de Apuestas Deportivas, la Comisión Hípica Nacional y la Asociación de Casinos. El decreto también incluye al arzobispo coadjutor Carlos Tomás Morel Diplán como integrante del Consejo, lo que refleja el peso social e histórico que tiene la Iglesia Católica en la vida institucional del país.
El Ministerio de Hacienda y Economía, junto con el Consejo, tendrá a su cargo el diseño y ajuste de los marcos normativos necesarios para garantizar la continuidad del proceso.
Quién coordinará el plan y cuáles son los próximos pasos
De manera transitoria, el administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Tabar, asumirá la coordinación general del plan. Según informaron medios locales, Tabar recibió la responsabilidad con firmeza y anticipó que en los próximos días convocará a los integrantes del Consejo Consultivo para dar inicio formal a la implementación.
También destacó la incorporación y el fortalecimiento de organismos clave como la DGII, Indotel y Ogtic dentro del nuevo marco regulatorio, señalando que su participación activa es fundamental para garantizar la eficacia del proceso.
Un sector que busca orden en un mercado en expansión
La reactivación del plan llega en un momento en que el mercado de apuestas en América Latina y el Caribe experimenta un crecimiento sostenido, impulsado principalmente por la expansión de las plataformas de juego en línea. Para República Dominicana, avanzar en la regularización no solo implica ordenar el sector, sino también posicionarse con reglas claras frente a operadores internacionales que buscan expandirse en la región.
El decreto 197-26 es, en ese sentido, una señal de que el gobierno dominicano apuesta por la formalización como herramienta de política pública, aunque la efectividad del plan dependerá en gran medida de la capacidad institucional para implementarlo dentro de los plazos previstos.
