El Ministerio de Hacienda y Economía de República Dominicana dio un paso significativo en la regulación del sector del juego al emitir la Resolución Número 184-2026. La norma establece un nuevo marco de juego responsable a nivel nacional y crea el Sistema Nacional de Autoexclusión, un mecanismo que permitirá a los ciudadanos solicitar voluntariamente su exclusión de plataformas y establecimientos de juego en todo el país.
La medida busca prevenir el juego problemático e involucra a operadores privados, organismos públicos y a la sociedad civil como actores del proceso de protección al usuario.
Un proceso de regulación que tomó impulso en 2026 en República Dominicana
La Resolución 184-2026 forma parte de un proceso más amplio de ordenamiento que el gobierno viene impulsando durante los últimos meses. En abril de este año, el Poder Ejecutivo reactivó el Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería, apuestas y operadores de juego a través del Decreto 197-26.
En el marco de ese plan, representantes del Ministerio de Hacienda y Economía se integraron a la reorganización del Consejo Consultivo encargado de supervisar el proceso, junto con la Lotería Nacional y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Qué obliga a hacer la resolución a los operadores
La Resolución 184-2026 establece una serie de obligaciones concretas para todos los operadores habilitados en el país. Entre las más relevantes, la norma exige la incorporación de mecanismos de protección en las plataformas y establecimientos, incluyendo límites de tiempo y dinero, así como opciones de autoexclusión para aquellos jugadores que deseen restringir voluntariamente su acceso al juego.
Las herramientas de prevención que los operadores deberán implementar de manera obligatoria son las siguientes: límites de depósito, límites de gasto, límites de tiempo de juego, alertas automáticas, pausas obligatorias, botón de cierre rápido, historial de actividad, bloqueo de categorías de apuestas y herramientas de autoevaluación.
Además, los operadores deberán desarrollar programas de prevención, orientación y asistencia dirigidos a sus usuarios, lo que implica un rol activo en la identificación y contención del juego problemático y no solo la habilitación pasiva de herramientas.
El Sistema Nacional de Autoexclusión: cómo funcionará
Uno de los puntos centrales de la resolución es la creación formal del Sistema Nacional de Autoexclusión. A través de esta plataforma, cualquier ciudadano podrá solicitar voluntariamente su restricción de los establecimientos y plataformas de juego habilitados en el país. Una vez registrada esa solicitud, los operadores quedarán obligados a impedir el acceso de esa persona a sus servicios.
El organismo responsable del control y la fiscalización del cumplimiento de estas disposiciones será la Dirección de Casinos y Juegos de Azar (DCJA). El alcance de la normativa es amplio: abarca casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas, tragamonedas, juego en línea, apuestas hípicas y cualquier otra modalidad de juego autorizada en el territorio dominicano.
Protección reforzada para menores de edad
La resolución también endurece las restricciones relacionadas con menores de edad, un área que suele quedar en segundo plano en los marcos regulatorios de la región. Bajo las nuevas normas, los operadores deberán implementar controles específicos que impidan el acceso de personas menores a sus plataformas y locales, y promover activamente el uso de herramientas de control parental.
Asimismo, quedará prohibido el uso de personajes, imágenes o elementos visuales que resulten atractivos para niños y adolescentes en cualquier tipo de comunicación o publicidad vinculada al juego.
Un marco regulatorio en construcción
Con la Resolución 184-2026, el país se suma a un grupo creciente de países de la región que avanzan hacia marcos regulatorios más completos en materia de juego responsable. La implementación del Sistema Nacional de Autoexclusión, en particular, representa un salto cualitativo respecto a la situación previa, donde no existía un mecanismo centralizado de esta naturaleza.
El desafío que enfrenta el país en los próximos meses es la puesta en marcha efectiva de estas herramientas, la articulación entre los distintos organismos involucrados y la capacidad de fiscalización de la DCJA para garantizar que los operadores cumplan con las nuevas obligaciones en los plazos previstos.
