El Poder Ejecutivo de República Dominicana reactivó el Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería, apuestas y demás operadores de juegos de azar mediante la emisión del decreto 197-26. La iniciativa busca avanzar en la formalización del sector y corregir las deficiencias acumuladas en años anteriores, que han limitado la capacidad del Estado para fiscalizar adecuadamente y garantizar una recaudación efectiva.
Teófilo Tabar, administrador de la Lotería Nacional, se pronunció sobre el alcance de la medida y asumirá de forma temporal la coordinación general del plan, un rol que aceptó con respaldo explícito pero también con advertencias claras sobre la necesidad de agilizar su ejecución.
El decreto 197-26 responde a solicitudes pendientes desde 2022
La nueva disposición surge ante la acumulación de solicitudes de regularización que no fueron resueltas tras el cierre de los plazos establecidos en 2022, lo que dejó a numerosos operadores fuera del sistema formal.
El decreto 197-26 deroga la normativa anterior —el decreto 295-22— y establece un esquema institucional renovado para la supervisión del juego en el país. Dentro de este nuevo esquema, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) asume un rol central. Será responsable de verificar el cumplimiento tributario de los operadores, gestionar su incorporación provisional al régimen fiscal y respaldar los procesos de fiscalización en todo el territorio nacional.
Un Consejo Consultivo ampliado para dar seguimiento al plan
La normativa contempla además la reorganización del Consejo Consultivo encargado de monitorear la implementación del plan. El organismo estará integrado por representantes del Ministerio de Hacienda y Economía, la DGII, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) y la Lotería Nacional, junto con delegados del sector privado y asociaciones del juego.
Esta composición ampliada busca garantizar que tanto el Estado como los actores privados participen activamente en el proceso de regularización, dotando al plan de mayor legitimidad institucional y capacidad operativa.
Tabar respalda la iniciativa pero advierte sobre el riesgo de dilación en República Dominicana
Teófilo Tabar expresó su apoyo al decreto, aunque dejó en claro que su respaldo está condicionado a que el proceso avance con celeridad y sin trabas procedimentales. En un comunicado, el funcionario fue directo: «Estoy dispuesto a cumplir con los deseos del presidente Abinader y del Consejo, pero no para continuar aplicando procedimientos, que por cualquier lado que se analicen, sólo conducen a dilatar el proceso y a evitar que los que operan juegos, sobre todo ilegalmente, pasen a tributar a la DGII».
La declaración pone el foco en uno de los principales objetivos del plan: incorporar al sistema tributario a los operadores que actualmente funcionan al margen de la regulación. Tabar insistió en la necesidad de abandonar prácticas que obstaculicen el proceso y avanzar hacia resultados concretos en el corto plazo.
El decreto obliga a todos los actores a dejar atrás «viejas actitudes»
Tabar valoró positivamente la emisión del decreto 197-26 al considerar que genera una obligación colectiva de avanzar. A su juicio, la nueva normativa exige que todos los actores del sector abandonen «cualquier vieja actitud y conjetura» que haya impedido alcanzar los objetivos de regularización en etapas anteriores.
Tras el anuncio del plan, el administrador de la Lotería Nacional ya había anticipado que asumiría «con firmeza» la coordinación general y que convocaría a los integrantes del Consejo Consultivo para iniciar el trabajo en el menor tiempo posible.
La regularización como herramienta para combatir el juego ilegal y ampliar la recaudación
El trasfondo del Plan Nacional de Regularización es doble. Por un lado, busca ampliar la base tributaria del sector del juego en República Dominicana, capturando fiscalmente a operadores que hasta ahora generan ingresos fuera del sistema formal. Por otro, apunta a reducir la presencia del juego ilegal, que compite de manera desleal con los operadores que sí cumplen con sus obligaciones regulatorias y fiscales.
La postura de Tabar refleja esa urgencia: cada mes de demora en la regularización implica ingresos que el Estado deja de percibir y operadores ilegales que continúan funcionando sin control ni aporte al erario público.
