El juego online está ganando mayor relevancia en estos últimos tiempos y los Gobiernos están dando pasos importantes para su regulación. Uno de los claros ejemplos es lo que ocurrió en Uruguay a finales del 2021. El 2021 fue un año crucial para Uruguay y su juego en línea. En noviembre, el Ministerio de Economía de dicho país presentó un proyecto al Parlamento, en el cual buscaba brindar las facultades necesarias al Poder Ejecutivo. En dicho plan, se planteaba autorizar la modalidad del juego en línea a aquellas empresas que previamente hayan obtenido la concesión o permiso en forma presencial. En dicha iniciativa también se informó que se busca explotar directamente el juego en línea, a través de la Dirección General de Casino.
“Corresponde, en consecuencia, en la presente instancia —visto el avance y trascendencia que los juegos a través de Internet poseen ya en el presente, y seguramente alcanzarán en el futuro—, habilitar a la Unidad Ejecutora Dirección General de Casinos a explotar los juegos que tradicionalmente desarrolla a través de las plataformas tecnológicas, en el entendido de que gran parte de la actividad lúdica será ejercida —sino ya— en el futuro a través de las mismas”, se fundamenta el proyecto.
PROPUESTA INICIAL
El documento presentado por el Ministerio de Economía está dividido en 2 artículos. En el primero se lee que “el Poder Ejecutivo podrá autorizar en forma previa y revocable, la prestación de dicha actividad a los concesionarios de juegos de casinos en forma presencial o a quienes posean dicho título habilitante en el futuro, de conformidad con el procedimiento que conforme a Derecho corresponda”.
Asimismo, se establece que el Poder Ejecutivo deberá determinar aquellos requisitos que el proveedor del sistema técnico debe cumplir, tales como las certificaciones de calidad, de seguridad de la información y antecedentes internacionales, entre otros.
Las modalidades de juego a autorizar, los procesos de creación y registro nominado de cuentas, los medios de pago, las políticas de juego responsable, las normas y procedimientos de control y fiscalización, la distribución de utilidades y la contraprestación a abonar a los proveedores del sistema serían otros de los puntos a determinar por la entidad gubernamental.
En el primer artículo, además, se expone que el Poder Ejecutivo tendrá incidencia en las actividades de juegos de casino como póker, ruleta y slots, entre otros, “creados o a crearse bajo la modalidad online, a través de Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares”, se detalla.
Respecto al segundo artículo, se establece la creación —en la Dirección General de Casinos— de un fondo común para dicha explotación. En el documento se señala que el monto sería equivalente hasta 8% de la utilidad bruta mensual, el cual se distribuirá entre los funcionarios del Programa I de la misma, a título de beneficio salarial. “Ha llegado la hora de permitir y fomentar con responsabilidad el juego online con empresas y casinos radicados en territorio nacional”, consideró el senador del Partido Nacional, Gustavo Penadés.
POSICIÓN DE LA FENAJU
Para la Federación Nacional de Trabajadores del Juego (FENAJU), el proyecto de ley será perjudicial para la sociedad, pues creará condiciones de alto riesgo, proliferándose el juego compulsivo, entre otros perjuicios significativos y nocivos. “Tal advertencia se basa en informes realizados por técnicos catedráticos nacionales y extranjeros durante una jornada de análisis llevada a cabo tiempo atrás en nuestro país”, alude la entidad. Desde esta perspectiva, para la FENAJU la propuesta no contempla la experiencia internacional para la prevención de lavado de activos que podría generarse con iniciativas como la propuesta en noviembre. La federación, además, anunció que promoverán rondas de discusión tanto a nivel parlamentario, como con otras instituciones políticas y sociales, con el fin de realizar un análisis exhaustivo de la propuesta.
NUEVO PLANTEAMIENTO
A inicios de enero, desde el Cabildo Abierto, se propuso una alternativa a lo presentado por el Ministerio. Este nuevo plan involucra el pago de un canon extra y mayores controles para reforzar y resguardar al jugador.
El diputado Sebastián Cal, por su parte, comentó a La Diaria Uruguay que el plan presentado con anterioridad estaba incompleto; sin embargo, remarcó que esta podría ser una gran oportunidad también para ver las ubicaciones de las salas de juego. Por ejemplo, hizo referencia a “las máquinas tragamonedas que están en zonas de contexto crítico y que no tienen ningún tipo de control ni regulación”.
De acuerdo a Cal, eso genera un prejuicio a quienes han hecho inversiones legítimas y que generan puestos de trabajo válidos en el país. En su empeño por promover el juego responsable, también se planteó la posibilidad de generar una identificación digital, con el fin de que los jugadores puedan tener un límite en sus apuestas, basadas en sus ingresos mensuales. Asimismo, para Cal hay una gran confusión que tiene la mayoría de los orientales e incluso actores políticos.
“Para mi sorpresa, piensan que el Estado tiene alguna participación en La Banca, pero el Estado no recibe de La Banca más que los mismos impuestos que paga el almacenero o el carpintero”, detalló. “Si vamos a hablar del juego en línea, es una excelente oportunidad para hincarle el diente a un montón de cosas referidas al juego. En La Banca hay que revisar un poquito más, que solamente se pague impuestos es un tema a revisar”, concluyó Cal.
