La norma entró en vigor de inmediato, pero su validez dependerá del apoyo del Poder Legislativo.
Los aspectos principales de la legislación son que las empresas deberán tributar el 18 por ciento sobre el GGR (Gross Gaming Revenue), es decir, los ingresos obtenidos de todos los juegos después de pagar los premios a los jugadores y el impuesto sobre la renta sobre el pozo de premios. Según el Ministro de Hacienda, Fernando Haddad, el Gobierno espera recaudar alrededor de R$2.000m (USD423m) para 2024, con proyecciones a largo plazo de entre R$6.000m (USD 1,266m) y R$12.000m (USD 2.533m).
El 18 por ciento recaudado se distribuirá de la siguiente manera:
– 10 por ciento para el pago de aportes a la seguridad social.
– 0,82 por ciento para escuelas que hayan alcanzado las metas establecidas en evaluaciones nacionales de educación básica.
– 2,55 por ciento al Fondo Nacional de Seguridad Pública.
– 1,63 por ciento a entidades y deportistas vinculados a apuestas.
– 82 por ciento para cubrir los gastos de costo y mantenimiento de la empresa que opera las apuestas.
– 3 por ciento al Ministerio de Deportes.
Algunas de las propuestas de enmienda presentadas incluyen destinar un porcentaje mayor para la Secretaría del Deporte, la Secretaría de Deportes de los estados y del Distrito Federal, el Fondo Nacional de Cultura y el Fondo General de Turismo. También se propone que las aplicaciones y sitios web de apuestas deportivas notifiquen al Ministerio Público en casos de sospecha de amaño de partidos.
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