La reforma en el sector de juegos de azar en Paraguay busca modernizar y liberalizar la regulación vigente, eliminando los monopolios legales instaurados desde 1997.
El proyecto plantea modificar la Ley Nº 1016/1997, que actualmente regula la explotación de juegos de azar en el país mediante un sistema de concesión exclusiva.
La ley vigente establece que los juegos de azar nacionales, como loterías y apuestas deportivas, solo pueden operar mediante concursos públicos, manteniendo un monopolio estatal en el mercado.
Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Juegos de Azar
Uno de los objetivos principales de la reforma es fortalecer la Comisión Nacional de Juegos de Azar de Paraguay (Conajzar), el organismo encargado de regular esta industria, creado bajo la Ley Nº 1016.
Se propone que Conajzar pase a estar supervisada por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), lo que permitiría una mayor recaudación y eficiencia operativa.
Además, el director general de Conajzar asumiría el control y supervisión de los juegos de azar en el país, con el objetivo de convertir a Conajzar en un verdadero regulador profesional, estable y solvente, capaz de adaptarse a los cambios sociales y económicos actuales.
El fortalecimiento de Conajzar también es fundamental para que Paraguay afronte los desafíos que presenta la industria de juegos de azar en la era digital. La actualización de la ley no solo busca eliminar los monopolios, sino también crear un marco normativo adaptado a la innovación tecnológica, como las apuestas en línea y los juegos virtuales, que no existían en 1997. La flexibilidad de esta nueva regulación permitirá a Conajzar responder rápidamente a los cambios en el mercado, facilitando tanto la protección del usuario como la promoción de un mercado competitivo. En conjunto, estos cambios pueden posicionar a Paraguay como un destino atractivo para operadores internacionales, lo que podría aumentar el perfil del país en el ámbito de los juegos de azar y beneficiar a su economía en general.
Actualización del marco normativo y liberalización del sector
La iniciativa, firmada por el ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos, y el presidente, Santiago Peña, pretende actualizar el marco normativo para adecuarse a las necesidades del siglo XXI.
Esto incluye la «optimización institucional» de Conajzar y la eliminación de los monopolios legales, permitiendo así la entrada de operadores privados al mercado.
La liberalización del sector permitirá que las empresas compitan en igualdad de condiciones, eliminando el requisito de concesión mediante licitaciones, lo que se espera fomente un mercado más dinámico y competitivo.
Cambios sociales y necesidad de una regulación flexible
El proyecto destaca que Paraguay ha experimentado importantes cambios sociales y económicos desde 1997, incluyendo avances tecnológicos que han diversificado tanto la oferta de juegos de azar como el número de proveedores y usuarios.
Estos cambios, según el documento, justifican la necesidad de una regulación más flexible y actualizada que potencie el crecimiento del sector y permita a Conajzar cumplir su rol de manera efectiva, alineada con el desarrollo económico del país.
La apertura del mercado de juegos de azar en Paraguay
La apertura del mercado de juegos de azar en Paraguay representa una oportunidad para que el país atraiga inversión privada en un sector que hasta ahora ha estado restringido a concesiones exclusivas. Con la reforma propuesta, se espera que la competencia entre operadores impulse la innovación y ofrezca a los jugadores una experiencia más variada y segura. A nivel económico, esta liberalización puede aumentar la recaudación tributaria, dado que se facilitará la entrada de nuevos actores que estarán obligados a cumplir con los requisitos fiscales y regulatorios. Además, la posibilidad de que Conajzar se integre bajo la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) sugiere un enfoque de gestión más eficiente y transparente, donde la recaudación y el cumplimiento tributario estén más controlados. Esto podría traducirse en mayores ingresos para el Estado, los cuales podrían ser destinados a proyectos de impacto social y desarrollo económico.
