Estados Unidos, en su más reciente acción, la agencia sancionó a seis entidades que, según sus investigaciones, forman parte de una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste (CDN), una organización criminal con fuerte presencia en el noreste de México y zonas fronterizas con Texas.
Entre las entidades designadas figuran dos casinos ubicados en el estado de Tamaulipas. Su inclusión en la lista de sanciones implica el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de que cualquier persona o empresa vinculada a ese país realice transacciones con ellos. En la práctica, quedar en la lista de la OFAC supone la exclusión del sistema financiero internacional.
Casino Centenario y CAMSA: el eje de las acusaciones en Estados Unidos
El centro de la investigación es Casino Centenario, operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA). Según la OFAC, el establecimiento habría sido utilizado por el CDN como canal para integrar ganancias ilícitas al sistema financiero formal a través de operaciones de juego, un mecanismo clásico de lavado en el que el dinero de origen criminal se mezcla con flujos legítimos de una actividad intensiva en efectivo.
El Departamento del Tesoro también acusa directamente a CAMSA de haber brindado asistencia material, patrocinio y apoyo financiero al Cártel del Noreste. La formulación es relevante: no se trata de una imputación por negligencia o falta de controles, sino de una presunta colaboración activa con la organización criminal.
La exposición del grupo no se limita a un solo establecimiento. CAMSA opera además el Diamante Casino, también en Tamaulipas, y una plataforma de casino online bajo el mismo nombre, ambos igualmente bajo la lupa de las autoridades estadounidenses.
La UIF de México detectó irregularidades en múltiples frentes
La respuesta mexicana no se hizo esperar. La Unidad de Información Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de las entidades señaladas, cuyos resultados evidenciaron una estructura empresarial unificada con múltiples irregularidades.
Los investigadores identificaron transferencias internacionales hacia jurisdicciones de riesgo, así como un patrón de inconsistencias difícil de justificar dentro de la legalidad.
Entre los principales hallazgos destacan:
- Discrepancias significativas entre los montos operados y los ingresos declarados.
- Movimientos de grandes volúmenes de efectivo incompatibles con la actividad reportada.
- Posibles esquemas de evasión fiscal por incumplimiento de obligaciones tributarias.
- Patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el lavado de activos.
Suspensión inmediata: los casinos cierran por orden del Estado
Las consecuencias no se limitaron al plano judicial. La Secretaría de Hacienda de México ejecutó la suspensión de actividades de Casino Centenario y Diamante Casino, y notificó a CAMSA la prohibición de continuar operando en el sector de juegos y sorteos.
La medida implica el cierre inmediato de los establecimientos físicos y, previsiblemente, la interrupción de la plataforma digital.
La coordinación entre la UIF, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República refleja un enfoque integral: mientras la vía penal avanza con las denuncias, la vía administrativa asegura el cese inmediato de operaciones, sin esperar los tiempos de un proceso judicial prolongado.
El casino como fachada: un método que no es nuevo
El uso de establecimientos de juego para lavar dinero es una práctica ampliamente documentada a nivel global. La lógica es conocida: los casinos manejan grandes volúmenes de efectivo, las transacciones son difíciles de rastrear individualmente y la dinámica del negocio facilita la mezcla de fondos lícitos e ilícitos.
En México, el sector ha sido señalado en diversas ocasiones como un posible canal de lavado. Sin embargo, acciones coordinadas de esta magnitud entre autoridades estadounidenses y mexicanas no son habituales.
El caso de CAMSA y el Cártel del Noreste reabre un debate incómodo para la industria: la necesidad de fortalecer controles, transparencia y supervisión en un entorno donde la frontera entre actividad legal y financiamiento ilícito puede volverse difusa.
