En Italia, el senador Paolo Marcheschi presentó el proyecto de ley 1902 el pasado 14 de mayo, dentro de una iniciativa legislativa más amplia. El texto responde a lo que los legisladores consideran una crisis estructural del fútbol italiano: deudas crecientes en los clubes, pérdida de competitividad internacional y dificultades para formar jugadores jóvenes. El 7º Comité Permanente del Senado recibió el proyecto como redactora el 2 de julio de 2026. Si se aprueba, la norma entraría en vigor el 1 de enero de 2027.
Cómo funcionaría el impuesto en Italia
El gravamen se cobraría sobre todas las apuestas de fútbol nacional realizadas en Italia, sin importar si se hacen en locales físicos o por internet. Alcanzaría a los partidos organizados por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y sus ligas afiliadas, tanto profesionales como amateurs. La tasa sería del 2% sobre el monto apostado.
Los operadores autorizados tendrían que pagar esta suma a la FIGC cada tres meses. El Ministerio de Economía y Finanzas, junto con la autoridad gubernamental competente en materia deportiva, definiría los detalles de aplicación —como los procedimientos de pago y de reporte— dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la ley.
Destino de los fondos provenientes de las apuestas
La FIGC quedaría a cargo de distribuir el dinero recaudado según porcentajes mínimos fijados por ley. La mitad de los fondos iría a programas de desarrollo juvenil: formación de fútbol femenino juvenil, apoyo a jugadoras formadas en Italia, infraestructura deportiva pública y centros territoriales de la federación. Un 30% financiaría iniciativas sociales contra la ludopatía y el abandono del deporte, con especial atención a los jóvenes. El 20% restante se destinaría al fútbol femenino y a las escuelas de fútbol amateur de base.
La FIGC tendría además la obligación de entregar cada año un informe certificado sobre los fondos recibidos y su uso, dirigido a la oficina del primer ministro.
Un debate en Italia que viene de antes
La idea de gravar las apuestas de fútbol no es nueva entre los dirigentes del sector. En abril, el entonces presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, se pronunció a favor de un impuesto sobre el volumen de apuestas o sobre las ganancias vinculadas a ellas, en un informe de 11 páginas presentado ante la Comisión de Cultura, Ciencia y Educación de la Cámara de Diputados. Gravina sostuvo que la medida solo exigiría incorporar al derecho italiano una directiva europea ya existente, y la planteó como una solución parcial —no total— para el desarrollo del fútbol nacional.
El proyecto de ley busca ser fiscalmente neutro: propone reducir a la par el impuesto estatal PREU sobre las apuestas de fútbol de cuota fija, con el fin de redirigir cerca de 262,8 millones de dólares anuales desde las arcas del Estado hacia un fondo específico administrado por la FIGC. Según el texto, el mecanismo no constituye una ayuda estatal, sino una herramienta para construir un sistema futbolístico capaz de sostenerse por sí mismo.
Un sistema fiscal ya existente
El mercado de apuestas en Italia ya paga impuestos importantes, entre ellos el PREU, que grava el monto apostado en máquinas recreativas (AWP) y de videolotería (VLT) desde la Ley Financiera de 2001. Hoy esa tasa es del 24% para las AWP y del 8,6% para las VLT. Los operadores también deben cumplir controles antilavado y de publicidad supervisados por la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Frente a una deuda conjunta de los clubes de aproximadamente 6.280 millones de dólares, el nuevo impuesto ofrecería un ingreso adicional. Gravina destacó que estos fondos podrían impulsar la formación de jóvenes, modernizar estadios y financiar programas contra la adicción al juego.
