Camboya se convirtió esta semana en el punto de encuentro de organismos de seguridad y gobiernos de distintas regiones para discutir una de las amenazas que más preocupa a la región del sudeste asiático: las estafas en línea operadas desde estructuras criminales transnacionales. El Sofitel Phnom Penh recibe los días 23 y 24 de septiembre la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra las Estafas en Línea, según informó The Phnom Penh Post.
El lema elegido para el encuentro, «Actuar juntos para romper la cadena y erradicar las estafas en línea», resume el enfoque que impulsa la cita: una respuesta coordinada entre países, agencias y sectores que hasta ahora enfrentaban el fenómeno de manera fragmentada.
Quiénes participan y qué se discute
Entre los asistentes figuran representantes del FBI y de Interpol, además de funcionarios gubernamentales y policiales de China y de otras naciones asiáticas. Según detalló el medio local, la lista de participantes también incluye organismos encargados de hacer cumplir la ley, organizaciones internacionales, instituciones financieras, empresas tecnológicas y otras partes interesadas en el ecosistema digital.
El propósito declarado del encuentro es doble: por un lado, profundizar el conocimiento compartido sobre cómo evolucionan las redes de estafa en línea; por otro, generar alianzas operativas entre múltiples actores que permitan actuar de forma conjunta, en lugar de que cada país o institución responda de manera aislada.
El llamado del primer ministro Hun Manet
El primer ministro camboyano, Hun Manet, envió un mensaje a los delegados en el que definió a las estafas en línea como un desafío transnacional que ningún país puede resolver por su cuenta. El mandatario sostuvo que compartir conocimientos y fortalecer alianzas es el camino para «romper la cadena de estafas en línea» y proteger a la ciudadanía.
Hun Manet añadió que la conferencia busca profundizar la comprensión del ecosistema de estafas, reforzar la cooperación entre múltiples partes interesadas y promover el intercambio de buenas prácticas, apostando al compromiso colectivo como herramienta para enfrentar incluso los desafíos de mayor escala.
Una prioridad nacional bajo escrutinio internacional
El encuentro llega en un contexto puntual para Camboya, que ha convertido la erradicación de los centros de estafa en un objetivo declarado de política nacional. La proliferación de estas operaciones en distintas zonas del país generó preocupación entre gobiernos y organismos internacionales, especialmente porque una parte relevante de esas estructuras estuvo vinculada a empresas que contaban con licencias de casino vigentes.
Un año de operativos contra los centros de estafa
Los números detrás de la campaña ilustran la escala del problema que Camboya intenta contener. Un informe gubernamental correspondiente al período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026 detalló que las autoridades inspeccionaron los 195 casinos con licencia activa en el país, un relevamiento que derivó en la revocación de 19 licencias y la suspensión de otras 30, mientras que 23 operadores más dejaron de funcionar tras el vencimiento de sus permisos.
El mismo reporte señaló que se investigaron 665 ubicaciones vinculadas a estafas en línea, de las cuales 537 fueron selladas por las autoridades. Como resultado de los operativos, se remitieron a la justicia 268 causas por delitos cibernéticos que involucran a 2.773 sospechosos, de los cuales 2.200 permanecen en prisión preventiva. En ese mismo lapso, Camboya deportó a 21.100 ciudadanos extranjeros provenientes de 38 países distintos.
Una legislación penal cada vez más dura
Para acompañar los operativos, Camboya reforzó su marco legal contra este tipo de delitos. Una nueva ley específica sobre el combate a las estafas en línea entró en vigor en abril, con penas considerablemente más severas para quienes resulten condenados. La normativa contempla condenas de entre 15 y 30 años de prisión, o incluso cadena perpetua, para los operadores cuyas estafas provoquen muertes; penas de entre 5 y 10 años para los líderes de las redes, que pueden extenderse a entre 10 y 20 años en casos que involucren violencia, trata de personas, detención ilegal o trabajo forzado; y sentencias de entre 2 y 5 años para los participantes de menor rango dentro de estas estructuras.
La presión de los organismos de derechos humanos
La ofensiva camboyana no estuvo exenta de cuestionamientos externos. La organización Amnistía Internacional acusó este año al Gobierno de haber renovado la licencia de una docena de casinos pese a la existencia de evidencia sobre graves abusos a los derechos humanos cometidos dentro de esos establecimientos. Esa exposición internacional, sumada a la caída del turismo que atravesó el país durante buena parte de 2026, contribuyó a que el Ejecutivo camboyano acelerara tanto los operativos como la revisión de su marco normativo.
