Brasil dio un giro a su política sobre las apuestas de cuota fija. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó el viernes 25 de septiembre, en São Paulo, una medida provisional que prohíbe la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las apuestas de cuotas fijas en todo el territorio, incluidos los casinos en línea y juegos como el llamado «Tigrinho». La norma revierte el marco que el propio gobierno de Brasil había aprobado en diciembre de 2023 y que entró en vigor en enero de 2025.
Licencias sin compensación en Brasil
Uno de los principales efectos de la medida será la extinción de las autorizaciones concedidas a los operadores que funcionaban legalmente en Brasil. La caducidad se producirá 30 días después de la publicación de la norma. Cada empresa había pagado unos R$30 millones (aproximadamente US$5,6 millones) por una autorización de cinco años.
El texto establece que esa caducidad responde a razones de interés público y que no genera derecho a devolución ni a indemnización por parte del Estado. Las empresas conservan, sin embargo, sus obligaciones fiscales, de reporte de datos y de conservación de registros durante al menos cinco años.
Desde que la ley entró en vigor, la recaudación por licencias en Brasil sumó cerca de R$2,5 millones (unos US$463.000).
Plazos para el bloqueo y la devolución de fondos
La medida provisional entra en vigor de inmediato en Brasil, pero requiere aprobación del Congreso en un plazo de 120 días para seguir vigente. A partir de su publicación quedan prohibidos los nuevos depósitos.
Los usuarios en Brasil tienen hasta las 23:59 del lunes 5 de octubre para retirar sus fondos; al día siguiente las plataformas deben quedar desconectadas. Entre el 7 y el 8 de octubre, los operadores deberán reportar a los bancos los saldos pendientes de cada usuario, y los reembolsos se realizarán entre el 9 y el 14 de octubre.
Si un banco no puede completar la devolución, la entidad pública Caixa Econômica Federal asumirá el proceso a partir del 14 de octubre. La publicidad del sector también queda prohibida de inmediato, con un plazo de diez días para retirar avisos y patrocinios.
Las razones oficiales: deudas y salud
El gobierno de Brasil justificó la decisión en el impacto del juego sobre el endeudamiento de los hogares: al menos el 82% de las familias del país tiene alguna deuda pendiente o vencida.
Un informe de 2025 del Instituto de Estudios de Políticas de Salud estimó en R$38,8 millones (unos US$7,2 millones) el costo social anual asociado al juego, de los cuales R$30,6 millones (cerca de US$5,7 millones) corresponderían a atención de salud.
Según cifras oficiales citadas por el Ejecutivo, las atenciones del sistema público de salud vinculadas a problemas de juego aumentaron un 140% entre 2018 y 2025 en Brasil.
Junto con la prohibición, el gobierno lanzó el programa Desenrola Brasil 3.0, con el que comprará con descuento deudas antiguas de tarjetas de crédito y préstamos personales. El universo de deudas elegibles se calcula en R$300 mil millones (cerca de US$55.600 millones), con una meta de cubrir la mitad, y un costo proyectado de R$15 mil millones (unos US$2.780 millones).
Impacto económico y reacciones del sector
Representantes de las principales casas de apuestas calificaron la medida como una amenaza para el sector regulado y advirtieron que empujará a los usuarios hacia plataformas ilegales, que ya representarían entre 38% y 44% del consumo total de apuestas en Brasil. El fútbol también se vería afectado: 13 de los 20 clubes de la Serie A tienen casas de apuestas como patrocinadores principales.
El Instituto Brasileño del Juego Responsable anunció que buscará por vía judicial la devolución de las licencias, mientras que la Asociación Nacional de Juegos y Loterías evalúa reclamar daños, con estimaciones que, según uno de sus asesores legales, podrían llegar a R$120 mil millones (unos US$22.220 millones) para el conjunto del sector. El gobierno, por su parte, estima que dejará de recaudar cerca de R$800 millones mensuales (unos US$148 millones) por la eliminación del mercado regulado en Brasil.
Lo que viene en el Congreso de Brasil
La medida provisional no incluye sanciones penales, ya que la Constitución de Brasil no permite crear delitos por esta vía. Para ello, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley separado que prevé penas de hasta seis años de prisión para quienes operen o promocionen apuestas de forma ilegal, y que entraría en vigor 90 días después de su eventual aprobación.
Mientras tanto, la medida que prohíbe el mercado regulado deberá ser ratificada por los legisladores de Brasil en un plazo máximo de 120 días para no perder vigencia.
