Han pasado más de tres semanas desde que los peruanos fuimos a las urnas, por segunda vez, para elegir a nuestro próximo presidente. No solo bastó con que el país se vea sometido, en medio de una pandemia, a una agotadora campaña electoral; sino que, la “defensa acérrima” por parte de uno u otro candidato, con marchas incluidas, persiste aun después de casi un mes. Plazo suficiente como para ya haber sido proclamado el vencedor de esta contienda y cerrar este episodio agridulce de nuestra historia. El precedente más cercano que hay en el Perú es la segunda vuelta del 2016. A estas alturas, el ganador Pedro Pablo Kuczynski ya había recibido hasta sus credenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y días antes iniciaba el proceso de transferencia de gobierno con el entonces presidente Ollanta Humala. En la otra vereda nos encontrábamos con una Keiko Fujimori que nunca terminó de aceptar su derrota, según lo reveló su propio hermano Kenji, en una entrevista.
Hoy la historia se repite, Fujimori no pudo conseguir la mayoría de votos, según el conteo al 100 % de las actas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sin embargo, una serie de acusaciones de un supuesto fraude electoral nos ha colocado en un escenario en el que la incertidumbre es el plato del día a día.
RESULTADOS NO RECONOCIDOS
El pasado 15 de junio, la ONPE culminó el proceso de conteo de todas las actas en el que Pedro Castillo de Perú Libre logró el 50.125 % de los votos. Por su parte, la lideresa de Fuerza Popular obtuvo el 49.875 %. “La máxima autoridad en la organización y ejecución de los procesos electorales demuestra que el cómputo de resultados se ejecutó de manera transparente y neutral”, afirmó el organismo. Pero no fue suficiente este pronunciamiento, ni la aclaración; al menos para uno de los candidatos.
Desde una semana antes de que se dieran los resultados al 100 %, ya se conocía la tendencia en el voto mayoritario hacia el líder de Perú Libre, y había escasas probabilidades de que Fujimori pueda revertir eso en las urnas.
Es así que nace la figura del “fraude en mesa”, pero sin pruebas. De esta manera, se anunció la solicitud de nulidad de 802 actas electorales (que equivalen a unos 200 000 votos), todos en lugares donde Perú Libre se había impuesto en las urnas. Sin embargo, solo terminaron siendo 418 actas, de las cuales en 77 no se realizaron los pagos respectivos, en 15 reusaron un voucher, y 14 eran pedidos duplicados. En conclusión, solo quedaron 312 actas por resolverse. Todo ello movilizó a los más grandes estudios de abogados de Lima para sumarse a la impugnación de actas, según reveló Hildebrant en sus trece. Aun si el JNE llegara a declarar procedente todos los pedidos de nulidad, no se cambiaría el rumbo del resultado de la ONPE.
DENUNCIA SIN PRUEBAS
Al menos en la nulidad de actas, la suerte estaba echada para la candidata denunciante. En estos últimos días, se convocaron marchas y conferencias. La lideresa de Fuerza Popular exhortaba a sus votantes a entregar todas las pruebas que tuvieran de algún “fraude”, pero no tuvo mayor repercusión; confirmándose así que la jornada electoral no presentó irregularidad alguna.
Lo que sí hubo fue una serie de acusaciones contra personas, cuyo único “error” fue cumplir con su deber cívico. El partido naranja había denunciado el hallazgo de 65 casos de miembros de mesa con los dos mismos apellidos. Uno de ellos se dio en una mesa en Acora (Puno), donde Fujimori logró solo un voto. Las tres personas aludidas, Humberto Catacora, Luis Catacora y Bertín Catacora aclararon que fueron elegidos por la ONPE, mediante un sorteo, para ser miembros de mesa y no tienen parentesco alguno.
Otro sustento para validar la solicitud de nulidad fue la verificación de firmas. Pocos medios le dieron realmente ventana a la otra parte: los aludidos, quienes salieron a reafirmar con hoja en mano, que cumplieron con su deber y nadie los suplantó.
En paralelo, la encuestadora Ipsos Perú, cuyo conteo rápido —a boca de urna— se acercó al emitido por la ONPE, analizó a pedido del Instituto Pro Democracia ambos resultados, con el fin de identificar posibles casos atípicos en las actas. “El análisis estadístico que hemos realizado no nos permite comprobar o descartar que haya existido algunas actas manipuladas. Sin embargo, no se encuentra evidencia de una concentración atípica de casos, ni en determinadas zonas geográficas ni para un candidato en particular”, se lee en el informe.
RESPALDO MAYORITARIO DEL EXTERIOR
A Ipsos se sumaron otras voces, como la Defensoría del Pueblo que ratificó que no se encontraron irregularidades o intención alguna por cambiar o torcer la voluntad popular. “Los resultados tienen que ser reconocidos”, afirmó Walter Gutiérrez, titular de la institución.
A nivel internacional, las elecciones en Perú también tuvieron repercusión. Primero, la Misión de Observación Internacional de la OEA destacó que el sistema peruano cuente con las garantías del debido proceso, esto en relación a la resolución de las actas observadas y las acciones de nulidad que se presentaron.
Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos felicitó a las autoridades del país por administrar de manera segura otra ronda de elecciones “libres, justas, accesibles y pacíficas”. “Estas recientes elecciones son un modelo de democracia en la región”, reafirmó en un comunicado de prensa.
Además, el Comité Cámara de Representantes de Estados Unidos pidió que se respeten los resultados al considerar que se trató de un proceso limpio y democrático, y cuestionaron la campaña de desinformación que se está emprendiendo en el país.
En esa misma línea, la Unión Europea y Estados miembros en Perú calificaron a los comicios como “libres y democráticos” y expresaron su confianza en que las autoridades solucionarán los litigios pendientes “dentro de los cauces legales establecidos”. Pero la historia de esta accidentada elección parece estar aún lejos de terminar.
UNA SOMBRA EN LA CAMPAÑA
A este incierto panorama, se sumó la divulgación de unos audios de una conversación telefónica entre el exjefe del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) del gobierno de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, y Pedro Rejas Tataje, un coronel del Ejército en situación de retiro con pasado fujimorista.
En este diálogo, Montesinos le pide contactar a un tercer personaje, Guillermo Sendón, para poder llegar a tres integrantes del JNE, con el fin de que las decisiones que tomen favorezcan a Keiko Fujimori. Primero, para la extensión del plazo de la presentación de las actas y, segundo, para que se acepten las nulidades. (La ampliación del plazo fue denunciada en su momento por IDL-Reporteros, por lo que no se logró ese objetivo).
En otro audio se escucha una conversación entre Rejas y Sendón, en el que el segundo pide un millón de dólares para cada magistrado.
Previo a la divulgación de estas conversaciones, Julio Arce Córdova, representante de la Fiscalía ante el JNE, renunció a seguir siendo parte de pleno de la institución electoral. Su decisión dejó sin los suficientes miembros para continuar con el proceso de revisión de actas, dilatándose aún más la espera.
Antes del cierre de este informe, Keiko Fujimori había anunciado que pedirá al presidente Francisco Sagasti que intervenga y solicite una auditoria internacional de la OEA. Mientras tanto, el JNE había retomado la revisión de apelaciones de pedidos de nulidad, con la participación de un nuevo magistrado que juramentó el último fin de semana en reemplazo de Luis Arce.
