La Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos (APPJS) y la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego con Apuesta (AIEJA) han advertido sobre las graves implicaciones de esta reforma.
El proyecto busca modificar los artículos 12 y 91 del Reglamento, con el objetivo de redefinir los equipos utilizados por los casinos y establecer que juegos de apuestas con naipes, dados, ruletas y máquinas tragamonedas no se consideren sorteos. Esto plantea un desafío significativo para los establecimientos de juego en México.
Bajo esta propuesta, solo los 448 casinos actualmente en funcionamiento podrían mantener sus máquinas durante la vigencia de sus permisos, lo que sugiere una eventual extinción de estos establecimientos.
La APPJS advierte que la participación de jugadores en las salas de juego disminuiría drásticamente, lo que afectaría gravemente la oferta de entretenimiento. Además, se prevé que muchas salas cierren, lo que resultaría en la pérdida de miles de empleos, tanto directos como indirectos.
La AIEJA también se pronunció al respecto y señaló que la reducción en la oferta de entretenimiento a los usuarios conduciría a un cierre masivo de salas de juego, con una disminución de aproximadamente el 90% en sus contribuciones fiscales y un impacto profundo en el empleo.
Actualmente, los casinos en México contribuyen con alrededor de MX$12,000 millones anuales al fisco a través de impuestos especiales a las apuestas, IVA, ISR, impuestos estatales y participaciones a la Secretaría de Gobernación (Segob).
Estas asociaciones representan a 28 de los 36 permisionarios, incluyendo a los más importantes, y han instado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) a clasificar el proyecto de reforma como de alto impacto, en lugar de moderado como pretende la Segob, para garantizar una revisión exhaustiva.
Más de 100 permisionarios de casinos, empresas proveedoras, sindicatos y empleados han presentado escritos a Conamer para cuestionar esta propuesta de reforma.
El gobierno federal justifica la medida argumentando que las máquinas tragamonedas no están permitidas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, una norma que no ha sido reformada desde 1947 y que, según el gobierno, está obsoleta.
Además, la reforma también eliminaría la figura del operador, lo que impactaría a empresas operadoras como la AIEJA, que representa a 25 de estas empresas en México.
La industria del juego en México está en vilo, esperando la resolución de esta propuesta y preocupada por el futuro de los empleos y las finanzas en el país.
