El gobierno de Argentina presentó ante el Congreso un proyecto de ley destinado a prevenir el juego problemático y combatir las apuestas ilegales. Sin embargo, la iniciativa generó un fuerte rechazo por parte de bloques opositores, que señalan que el texto protege los intereses comerciales de las plataformas legales de juego online en vez de avanzar sobre los factores que, según sostienen, impulsan el crecimiento del juego compulsivo.
Qué propone el proyecto oficial
El Poder Ejecutivo presentó en Argentina la iniciativa como un «marco normativo integral» orientado a regular los consumos problemáticos vinculados a los juegos de azar, tanto en modalidad presencial como digital. Entre sus disposiciones, el texto incluye campañas de educación y sensibilización sobre los efectos negativos del juego, la creación de estadísticas e información epidemiológica para el monitoreo de políticas públicas, y sanciones penales de entre tres y seis años de prisión para quienes operen plataformas ilegales de juego online.
En materia publicitaria, el proyecto fija restricciones para los operadores autorizados: prohíbe anuncios dirigidos o protagonizados por menores de edad, veta contenidos que asocien las apuestas con el éxito personal, laboral o social, y restringe mensajes que sugieran soluciones financieras o promuevan el consumo de alcohol y tabaco durante el juego.
Por qué la oposición rechaza el texto
El punto central del rechazo opositor radica en que las prohibiciones publicitarias contempladas en el proyecto se aplican exclusivamente a plataformas ilegales, mientras que los operadores con licencia mantienen la posibilidad de promocionar sus servicios con restricciones acotadas.
En contraste, un proyecto aprobado con media sanción en la Cámara de Diputados en 2024 proponía una prohibición total de la publicidad de apuestas en todos los medios y ámbitos, incluidas campañas realizadas a través de influencers. Esa iniciativa lleva dos años sin avanzar en el Senado.
Las voces de la oposición
El diputado Maximiliano Ferraro fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente. En sus redes sociales sostuvo que desde hace más de un año se frena en el Senado la media sanción de la ley de prevención del juego problemático, e insistió en la necesidad de establecer control biométrico, prohibición total de publicidad y límites al uso de tarjetas de crédito en plataformas de apuestas. Además, señaló que en 2023 más de 14 millones de argentinos ingresaron a sitios de este tipo.
Por su parte, la diputada Mónica Frade también cuestionó la iniciativa oficial y sostuvo que no se trata de una ley de prevención sino de un texto que reafirma el apoyo a las apuestas online. Frade afirmó que el proyecto del gobierno evita afectar el corazón del negocio del juego, y adelantó que continuarán impulsando una regulación más estricta con vistas a 2027.
El trasfondo legislativo en Argentina
El debate sobre la regulación del juego problemático no es nuevo en Argentina. La media sanción obtenida en Diputados durante 2024 fue el resultado de un trabajo consensuado entre distintos bloques opositores y representó el intento más avanzado por establecer una regulación integral. Su parálisis en el Senado y la presentación de una propuesta alternativa por parte del oficialismo reactivan ahora la disputa sobre qué modelo de regulación debe adoptar el país.
La discusión legislativa refleja una tensión entre los intereses económicos del sector del juego regulado, con plataformas que operan de manera legal bajo licencias del Estado, y la demanda social de proteger a los sectores más vulnerables frente a los riesgos de la ludopatía.
Además, especialistas en salud pública y organizaciones vinculadas a la prevención de adicciones vienen advirtiendo desde hace años sobre el crecimiento sostenido de las apuestas online entre jóvenes y sectores vulnerables. El acceso permanente a plataformas digitales, la fuerte presencia de publicidad en redes sociales y transmisiones deportivas, así como la participación de influencers y figuras públicas en campañas promocionales, han incrementado la preocupación sobre el impacto social de la actividad. En ese contexto, el debate legislativo en Argentina no solo gira en torno al control del mercado ilegal, sino también sobre hasta qué punto el Estado debe limitar la exposición publicitaria de una industria que continúa expandiéndose en todo el país.
