Originalmente, se planeaba que la medida provisional se convirtiera en un proyecto de ley a fines de abril, pero el Gobierno Federal decidió cambiar el enfoque. Una medida provisional tiene efecto inmediato y debe ser aprobada por el Congreso en un plazo de cuatro meses para tener un efecto permanente. Su aprobación requiere mayoría simple en el pleno del Congreso.
El proyecto de ley, con urgencia constitucional, retrasa la agenda de votaciones por 45 días y comienza su proceso en la Cámara de Diputados, donde se requiere mayoría absoluta de 257 diputados para su aprobación.
La propuesta de medida provisional tiene como objetivo brindar mayor confianza y seguridad a los jugadores mediante la transparencia de las reglas y la supervisión. Entre las novedades principales se encuentra la creación de la Secretaría Nacional de Juegos y Apuestas (SNJA), que estará a cargo de la gestión del sector bajo el Ministerio de Hacienda.
La SNJA se encargará de analizar conductas sospechosas en las apuestas, regular la publicidad en el sector, realizar campañas de juego responsable y administrar los impuestos y las cuotas de concesión. Solo las empresas habilitadas podrán recibir apuestas relacionadas con eventos deportivos oficiales, y se prohibirá la publicidad para las empresas no autorizadas.
Las empresas tributarán el 16% sobre los Ingresos Brutos del Juego (GGR), y los premios recibidos por los jugadores estarán sujetos a un impuesto del 30% sobre la renta, con una exención de R$2.112,00. Los ingresos recaudados se destinarán a áreas importantes como seguridad pública, educación básica, clubes deportivos y acciones sociales.
Se asignará un 2,55% al Fondo Nacional de Seguridad Pública, un 0,82% a la educación básica, un 1,63% a los clubes deportivos, un 10% a la seguridad social y un 1% al Ministerio del Deporte. Estas asignaciones se realizan para beneficiar a diferentes sectores de la sociedad.
