La Comisión de Asuntos Económicos (CAE) del Senado de Brasil aprobó este martes un esquema de tributación gradual para el sector de apuestas de cuotas fijas, en medio de crecientes preocupaciones sobre lavado de dinero y operaciones irregulares. La propuesta obtuvo 23 votos a favor y solo uno en contra, del senador Wilder Morais.
El informe, presentado por el senador Eduardo Braga del MDB, modifica el Proyecto de Ley 5473/25 y establece que la Contribución sobre los Ingresos Brutos del Juego (GGR) aumentará del 12% actual al 15% durante 2026 y 2027, para alcanzar el 18% a partir de 2028. Esta propuesta reemplaza un aumento inmediato al 24% que se había contemplado inicialmente.
«Un aumento drástico perjudicaría a las empresas que operan legalmente y que ya pagan impuestos», explicó Braga en su documento. El senador expresó su preocupación por el impacto que un incremento repentino podría generar en las compañías que cumplen con la normativa vigente.
Cálculo del impuesto en Brasil y destino de los recursos
La base para calcular el impuesto será el GGR, una metodología que considera los ingresos totales por apuestas menos los montos pagados en premios a los apostadores y el Impuesto sobre la Renta que grava estos premios. Los recursos obtenidos se destinarán a la seguridad social.
El aumento de la tributación en Brasil también busca compensar a estados y municipios por las pérdidas en la recaudación del Impuesto sobre la Renta Retenida derivadas de la Reforma del Impuesto sobre la Renta (PL 1.087/2025). El documento establece que los recursos adicionales se destinarán específicamente a gastos de seguridad social en los gobiernos locales.
Durante la sesión, y tras intensos debates ante la posibilidad de una nueva solicitud de revisión, el líder del gobierno en el Senado, Jaques Wagner, propuso mantener el informe presentado la semana anterior, sugerencia que fue aceptada por los miembros de la comisión.
Combate a las apuestas ilegales y lavado de dinero
El proyecto establece criterios más estrictos para autorizar a las empresas que deseen operar en el sector e incluye mecanismos específicos para combatir a los operadores irregulares. El Ministerio de Hacienda de Brasil podrá denegar las autorizaciones cuando existan dudas sobre la integridad de los administradores y controladores de las empresas.
El informe señala un problema grave de lavado de dinero a través de plataformas de apuestas irregulares y empresas fintech. Según las estimaciones, entre 50 mil millones y 150 mil millones de reales circulan a través de los bancos mediante el sistema PIX sin la supervisión adecuada del COAF, el Banco Central ni la Hacienda Federal.
Para enfrentar esta situación, el texto prevé la creación de un canal de comunicación directo con proveedores de conexión a internet y aplicaciones para facilitar la eliminación de contenido publicitario que infrinja la ley. Las empresas dispondrán de hasta 48 horas hábiles para eliminar contenido irregular y se establece la responsabilidad de personas físicas o jurídicas que difundan publicidad de operadores ilegales.
Nuevas obligaciones para instituciones financieras en Brasil
Las instituciones financieras enfrentarán nuevas obligaciones, incluyendo la elaboración de informes semestrales de cumplimiento que detallen cuentas, transacciones y controles internos relacionados con los operadores de apuestas. El Banco Central regulará los mecanismos para prevenir el uso indebido de Pix por parte de operadores no autorizados.
El proyecto también contempla la creación del Índice de Cumplimiento Normativo de Apuestas (ICRA), multas de hasta 50 mil reales por incidentes y la obligación de acreditar la idoneidad para obtener autorización de operación.
Próximos pasos legislativos en Brasil
El Proyecto de Ley 5473/25, del senador Renan Calheiros, se encuentra en trámite definitivo en la CAE. Si al menos ocho senadores no apelan para que la propuesta sea sometida al pleno, el texto pasará directamente a la Cámara de Diputados para su análisis.
En la Cámara, el presidente Hugo Mota definirá los pasos a seguir, que pueden incluir el envío a comisiones temáticas o su presentación directa al pleno. Si los diputados realizan modificaciones, el texto regresará al Senado para revisión.
Cualquier nuevo tipo impositivo entrará en vigor el primer día del cuarto mes siguiente a la publicación de la ley, respetando el principio del plazo impositivo de noventa días. El Congreso de Brasil tiene un calendario ajustado hasta el receso parlamentario del 22 de diciembre, con solo seis sesiones legislativas restantes.
